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El Gobierno retrasa al 2015 destinar el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo

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El año marcado para ampliar esta ayuda era el 2012.

Heraldo de Aragón, 9 de julio de 2010.- El Gobierno de España ha retrasado de 2012 a 2015 el año en el que se prevé destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a la ayuda al desarrollo, acompasándose así al resto de países desarrollados, ha dicho en Zaragoza la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez.

Soraya Rodríguez ha viajado a la capital aragonesa para explicar a los representantes de las entidades de la sociedad civil que se dedican a cooperación el balance de la presidencia española de la UE en este campo.

Tras recordar ante los medios que en esta coyuntura económica difícil ha habido que aplicar, por primera vez, un recorte en esta ayuda oficial, ha reconocido que este parón supondrá un retroceso en la consecución del objetivo del milenio, de destinar el 0,7 del PIB nacional a la cooperación al desarrollo.

El compromiso inicial, ha explicado, era alcanzar este porcentaje en 2015, pero en 2007, en un año en el que el PIB español crecía el doble que ahora, el Gobierno, los grupos parlamentarios y la sociedad civil acordaron adelantar el compromiso a 2012.

Pero ahora se ha demostrado que este objetivo no es posible y, por eso, España se une ahora al resto de países del entorno en asumir el compromiso, de nuevo, para 2015.

También ha anunciado que incluso el Gobierno está barajando la posibilidad de modificar la Ley de Cooperación al Desarrollo para introducir el porcentaje del 0,7 como algo obligatorio y no opcional para futuros ejecutivos.

El recorte en la ayuda oficial al desarrollo que ha habido que introducir, ha explicado la secretaria de Estado, supone una disminución de 300 millones de euros este año, que en ningún caso se repercutirá, ha dicho, en los compromisos bilaterales adquiridos con países de América, África o Asia, ni en las partidas de ayuda humanitaria y de emergencia, ni en la destinada a subvencionar la actividad de las oenegé, cuyos programas cofinancia el Estado.

El recorte se aplicará, en distintos porcentajes, a las aportaciones que se realizan a los organismos multilaterales de cooperación, como es el caso de los dependientes de Naciones Unidas.

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