En el 77 aniversario de la Nakba, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo exige por enésima vez el alto el fuego permanente, la entrada de la ayuda humanitaria y la investigación de los posibles crímenes de guerra
Hasta la fecha y según datos oficiales, Israel ha asesinado a más de 52.000 personas palestinas en Gaza, más de 1.800 desde que rompió el alto el fuego.
La situación se agrava en Cisjordania y Jerusalén este
La Coordinadora exige al Gobierno español que ponga fin, de forma inmediata y real, al comercio de armas con Israel

77 años después de la Nakba -la expulsión de cientos de miles de personas de los territorios palestinos tras la formación del Estado de Israel-, Gaza sufre una de las mayores barbaries de la historia reciente de la humanidad. Según datos de Naciones Unidas, alrededor del 92% de las viviendas de la Franja han resultado dañadas o destruidas. Se estima que hay 50 millones de toneladas de escombros, bajo los que se encuentran 11.000 personas desaparecidas. “Los retrasos en su retirada y la recuperación de los cadáveres están causando un inmenso sufrimiento psicológico, y un inminente desastre sanitario y medioambiental”, denuncia la ONU.
En los últimos días, Israel ha aprobado un plan para ocupar definitivamente los territorios que vaya tomando en Gaza. Ha anunciado también que permitirá la entrada de alimentos, medicación, agua y combustibles a la franja, aunque no será inmediato y, lo que es más preocupante, se realizará en el marco de una total militarización de la ayuda humanitaria. Las agencias de la ONU ya han anunciado que no formarán parte de esta iniciativa por “contravenir los principios humanitarios fundamentales”.
«Dirigir intencionalmente ataques contra civiles que no participan directamente en las hostilidades podría constituir un crimen de guerra», Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.
Dos meses de absoluto bloqueo
A mediados de marzo, Israel violó el alto el fuego acordado y desde entonces las hostilidades se han multiplicado. No se permite la entrada de asistencia humanitaria, el bloqueo es total y la situación es dantesca. El 91% de la población sufre inseguridad alimentaria extrema. 345.000 personas se encuentran en niveles catastróficos de hambruna; al menos 65.000 niños y niñas están hospitalizados con malnutrición severa. Diversas instancias internacionales han denunciado la utilización del hambre como arma de guerra.
Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, ha denunciado que “Cada uno de estos incidentes debe investigarse a fondo. Dirigir intencionalmente ataques contra civiles que no participan directamente en las hostilidades podría constituir un crimen de guerra”.
El deber de los Estados en la defensa de la paz
El último informe de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, llamado “El genocidio como supresión colonial”, Francesca Albanese denuncia que “La violencia que Israel ha desatado contra la población palestina tras el 7 de octubre no se produce en un vacío, sino que forma parte de un proceso a largo plazo, intencionado, sistemático y organizado por el Estado cuyo fin es provocar el desplazamiento forzado y la sustitución del pueblo palestino”.
“Los Estados miembros deben intervenir ahora para evitar nuevas atrocidades que dejen aún más cicatrices en la historia de la humanidad”, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina.
El informe de Albanese señala claramente que “los Estados miembros deben intervenir ahora para evitar nuevas atrocidades que dejen aún más cicatrices en la historia de la humanidad”.
España ha dado pasos importantes al reconocer al Estado palestino, al sumarse a la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio y al defender públicamente la necesidad de finalizar la barbarie. Sin embargo, aún tiene deberes muy importantes que están pendientes y que tienen que ver con lo recogido en la PNL aprobada por el Congreso hace ya más de un año.
Tanto en la PNL como en diversas declaraciones, el Gobierno ha asegurado haber finalizado el comercio de armas con Israel. Incluso Sanchez pidió a la UE que suspendiera el acuerdo de asociación con Israel y también pidió que la comunidad internacional parara el comercio de armas con Israel. Además, acaba de anunciar que solicitará un proyecto de resolución en la ONU para “proponer medidas urgentes para detener la matanza de civiles inocentes y asegurar la llegada de ayuda humanitaria”. A pesar de estas iniciativas, informaciones recientes siguen cuestionando que el Gobierno haya paralizado totalmente el comercio de armas con Israel.
Cuestiones contempladas en la PNL que deben llevarse a la práctica de manera inmediata:
- Exigir a las partes un alto el fuego permanente.
- Exigir a las partes del conflicto que permitan un acceso humanitario suficiente y sostenido, especialmente en Gaza.
- Exigir a las partes el respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.
- Poner fin al comercio de armas entre el Estado español e Israel.
- Trabajar para una solución negociada al conflicto.
Evidencias de incumplimiento del derecho internacional
La violación de la legislación internacional por parte de Israel ha sido denunciada por la Corte Internacional de Justicia en varias ocasiones. En enero de 2024, reconoció la existencia de un “riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos de la población palestina de Gaza con arreglo a la Convención contra el genocidio”.
Posteriormente, en julio del año pasado, la Corte declaró que “la presencia prolongada de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 era ilegal y tenía por objeto la anexión. La Corte reconoció la violación de normas que prohíben la adquisión de territorio por la fuerza, la segregación racial y el apartheid”. Tanto Israel como la comunidad internacional continúan haciendo oídos sordos a tales advertencias.
295 personas palestinas trabajadoras de Naciones Unidas han sido asesinadas desde octubre de 2023.
Además del incumplimiento sistemático e impune del Derecho Internacional Humanitario, a finales de 2024, Israel emitió dos leyes que impiden a la Agencia de la ONU para la población palestina (UNRWA) su actuación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En las últimas semanas, la Corte Internacional de Justicia ha celebrado audiencias sobre las continuas y severas restricciones impuestas por Israel a la labor de la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados. 295 personas palestinas trabajadoras de Naciones Unidas han sido asesinadas desde octubre de 2023.
La Coordinadora reconoce el papel esencial de la sociedad civil palestina en un contexto de extrema adversidad así como de las organizaciones humanitarias.
Mientras se mantiene el bloqueo total en la Franja, el máximo tribunal de la ONU escucha a decenas de países y organizaciones con el fin de elaborar una opinión consultiva sobre las obligaciones humanitarias de Israel hacia las y los palestinos, más de 50 días después de que impusiera un bloqueo total a la entrada de ayuda en Gaza. Aunque la opinión consultiva de los jueces no es vinculante, aportará claridad sobre cuestiones jurídicas y ayudará a la ONU a tomar nuevas medidas.
La Coordinadora reconoce el papel esencial de la sociedad civil palestina en un contexto de extrema adversidad así como de las organizaciones humanitarias y hace el enésimo llamado a una paz duradera.
La Federación Aragonesa de Solidaridad somos entidad miembro de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.