En el día de las personas cooperantes, recorremos algunos de los países en los que trabajan nuestras organizaciones: Ucrania y Nicaragua. Desde allá, nos explican el contexto en el que actúan y sus demandas para el nuevo Estatuto de las personas cooperantes.
La persecución del trabajo que realizan las ONG de Desarrollo está aumentando en todo el mundo. Países como Nicaragua, Israel, Filipinas o Guinea Ecuatorial han aprobado leyes que limitan, persiguen e incluso expulsan a organizaciones de la sociedad civil. Como consecuencia, miles de personas han quedado sin el apoyo que recibían para garantizar condiciones básicas de vida.
En plena reforma del sistema de cooperación y en un contexto mundial muy complejo, es crucial asegurar un Estatuto que garantice plenamente los derechos laborales y la protección de quienes trabajan en cooperación y ayuda humanitaria.
A las puertas de los presupuestos generales del Estado para 2023, el Gobierno de España debe cumplir su compromiso de garantizar el 0,5% para final de la legislatura.
Foto: Farmamundi. Congo.
El siglo XXI avanza plagado de múltiples y complejas crisis; las consecuencias sobre la vida de millones de personas son enormes, especialmente para quienes ya vivían en situaciones de vulnerabilidad extrema. Si algo debería dejarnos claro esta época es la urgente necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen los derechos humanos, la paz, la protección del medioambiente y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Una de esas políticas, sin duda, es la cooperación.
Nos encontramos en plena reforma del sistema de cooperación. Este momento debería ser aprovechado para garantizar un sistema que responda con rigor y responsabilidad a los enormes desafíos que enfrentamos. Eso pasa, necesariamente, por asegurar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la agenda feminista y ecologista, el respeto a los derechos humanos y la defensa del espacio cívico y democrático son los objetivos centrales. Exige también contar con un presupuesto a la altura de tales desafíos. El Gobierno de coalición se comprometió a dejar atrás la “década perdida de la cooperación” y a alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. Los próximos presupuestos generales del Estado serán una buena oportunidad para demostrar el cumplimiento de tales compromisos.
La necesidad de garantizar derechos a las personas cooperantes
La nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global verá la luz previsiblemente antes de finalizar el año. Una de las importantes piezas del desarrollo legislativo posterior es el Estatuto de las personas cooperantes que sustituirá al de 2006. Desde entonces, muchas cuestiones que condicionan nuestro trabajo han cambiado, por eso es imprescindible que se dé respuesta a los retos que enfrentan actualmente los y las cooperantes.
¿A quién afecta este Estatuto? Afecta a las personas se dedican profesionalmente a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria fuera de nuestro país. Eso incluye a quienes trabajan en ONG de Desarrollo, pero también a personas que trabajan en organismos públicos o privados dedicados a estos fines. Según datos de la AECID, son unas 2.700 personas.
En España según el último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo, 522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones; 57% de ellas son mujeres. Presentes en 115 países, recuerdan que es clave garantizar los derechos laborales y la protección de las personas que trabajan en cooperación y ayuda humanitaria. Una demanda que es fundamental para asegurar que realizan su trabajo en condiciones adecuadas, sin riesgos y con el respaldo legal pertinente. En Aragón contamos con 13 personas cooperantes que trabajan en 49 países con más de 1.700.000 personas beneficiarias, según el último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo de Aragón del año 2020.
El nuevo Estatuto debe garantizar la protección del personal humanitario en contextos que son muy inestables o en situaciones de conflicto. Además, debe facilitar los requisitos burocráticos que actualmente dificultan el acceso de cooperantes a las comunidades afectadas por las crisis. En ese sentido, debe fomentar mayor implicación de las Embajadas y de la Cooperación Española para asegurar que la situación migratoria de las personas cooperantes no es ambigua con respecto a la normativa migratoria del país en el que trabajan.
Conversamos con dos cooperantes que trabajan en Ucrania y Nicaragua. Analizan el contexto de la región en la que se encuentran y explican sus propuestas para el Estatuto de las personas cooperantes.
Ucrania. Imran kan, Médicos del Mundo.
Contexto. La crisis humanitaria en Ucrania se ha agravado desde el pasado 24 de febrero. Los ataques han destruido viviendas e infraestructuras y han provocado un fuerte desplazamiento de la población, sobre todo en el norte, el este y el sur del país. La salud de las personas se ha visto gravemente afectada: la prestación de servicios sanitarios básicos está en peligro y la salud mental, muy deteriorada. Según estimaciones de Naciones Unidas, 12,1 millones de personas necesitan asistencia médica. El personal sanitario en primera línea corre un grave riesgo ya que se han producido más de 480 ataques a instalaciones sanitarias.
La vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y niñas y de los grupos históricamente marginados aumenta cada día. La población afectada por el conflicto tiene un acceso muy limitado a los servicios de emergencia, a la medición especializada, a la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva. La interrupción del suministro de medicamentos, la falta de equipos, la destrucción de las farmacias y la falta de fondos agrava la situación.
Presente en Ucrania desde 2015, Médicos del Mundo presta servicios sanitarios esenciales, consumibles y equipos médicos a la población que sufre mayor vulnerabilidad.
Propuestas. Para Imran kan, es esencial que el Estatuto garantice la protección de los y las trabajadoras humanitarias en contextos que son muy inestables. La prevención de los incidentes de seguridad y de la violencia dirigida al personal humanitario es una necesidad primordial en un conflicto armado. Además, hay que eliminar las trabas a la expedición de visados para el personal internacional y agilizar los procedimientos burocráticos que dificultan el acceso de los y las cooperantes a las comunidades afectadas por los conflictos y las crisis. Debe garantizarse que la persona cooperante llega allá donde se la necesita.
Nicaragua. Grupo de trabajo de Nicaragua de La Coordinadora.
Contexto. La violación del derecho a la libertad de asociación se ha convertido en norma en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica a más de un millar de entidades, tanto nicaragüenses como internacionales (entre ellas, varias organizaciones españolas). Las consecuencias sobre los derechos humanos y la calidad democrática son enormes. El bloqueo a la acción de las organizaciones impacta directamente en la calidad de vida de quienes sufren una mayor vulnerabilidad: infancia, adolescencia, mujeres, jóvenes en situaciones de pobreza extrema… Estos colectivos accedían a la salud, la educación, la justicia a través de programas que ahora se han paralizado.
Propuestas. El nuevo Estatuto de las personas cooperantes debe contemplar garantías de protección, confidencialidad y acompañamiento a las personas cooperantes que se vean afectadas por decisiones arbitrarias de regímenes autoritarios como el de Nicaragua. En estos casos, además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la AECID deben denunciar las violaciones de derechos humanos.
Nota de Prensa de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, de la cuál la FAS somos parte.
