La represión de las movilizaciones ciudadanas ha causado, al menos y según datos del Gobierno, la muerte de 42 personas, varias de ellas menores de edad. Más de 300 personas han sido detenidas y más de 500 han resultado heridas.
Mientras comienza un paro nacional en todo el país, las organizaciones sociales exigen respeto por los derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos. Nos sumamos a sus voces y exigimos el fin de la represión, el restablecimiento de las garantías democráticas y el inicio inmediato de investigaciones que depuren responsabilidades.
La Fiscalía ha puesto en marcha un proceso para aclarar los hechos. Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales han pedido que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, independientes y efectivas.
Movilizaciones en Juliaca, Perú
Ante los graves sucesos que están ocurriendo en Perú en el último mes, ante la represión desproporcionada de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza, nos sumamos a la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional en Perú e instamos a las autoridades a adoptar de manera urgente las medidas para prevenir más violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos en el marco de manifestaciones pacíficas. Llamamos a las instancias competentes a sancionar las muertes y las respuestas violentas a la movilización ciudadana.
El Gobierno ha decretado el estado de emergencia en varias regiones del país. Tal decisión suspende derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión o la inviolabilidad del domicilio durante un mes. El inicio del paro nacional -a partir de hoy, 19 de enero- hace temer que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública empeore. Es urgente, por tanto, que se frene la escalada de represión, se inicien procesos que permitan una salida pacífica y que se promueva un amplio diálogo en el que participen todos los sectores de la sociedad peruana. Es crucial que sean atendidas las demandas democráticas de la ciudadanía.
Llamamos a la comunidad internacional a mantener la vigilancia y la presencia con el fin de que se respeten los derechos humanos y a apoyar todos los esfuerzos posibles hacia una salida democrática. Por nuestra parte, como organizaciones de desarrollo que trabajamos junto a cientos de organizaciones sociales peruanas, apoyamos a la sociedad civil y las comunidades que ejercen su derecho a la protesta pacífica. Seguiremos caminando de la mano de quienes defienden los derechos humanos y la democracia.
Comunciado de la Coordinadora Estatal de Organizaciones para el Desarrollo, de la cuál la Federación Aragonesa de Solidaridad somos miembros.
