La presidente de la Federación Aragonesa de Solidaridad desgrana las propuestas de las ONGD sobre cómo debería ser la futura ley aragonesa de cooperación al desarrollo, ya en elaboración
Por primera vez en 20 años, el Gobierno español se ha comprometido con la reforma de nuestro sistema de cooperación. En un contexto internacional de múltiples y complejos retos, lo hemos considerado como una oportunidad. En paralelo a esa agenda, también contando con los compromisos de los programas electorales, empezamos a hablar de una nueva ley aragonesa de cooperación al desarrollo que sustituirá a la del año 2000.
Vivimos un momento global trascendental que requiere de compromiso y responsabilidad a todos los niveles, y para ello necesitamos políticas públicas y leyes que lo protejan y garanticen. Tanto a nivel estatal como en nuestra comunidad, las organizaciones civiles hemos hecho llegar nuestras propuestas, trabajadas conjuntamente en varias ocasiones y conversaciones. Lo que solicitamos de base, para construir, es sencillo y de sentido común.
Nuestra ley debe mirar más allá del horizonte de la Agenda 2030 y evitar tener una norma con una fecha de caducidad tan próxima. Debe apostar firmemente por una cooperación feminista, ecologista y promotora de los derechos humanos y la paz como aspectos centrales que atraviesen la ley en sus principios, objetivos, instrumentos, organicidad, recursos y alianzas. Debe contemplar un compromiso explícito para operativizar la coherencia de políticas para el desarrollo, de forma que las políticas públicas consideren sus impactos en los países y territorios del sur, en las generaciones futuras y en el planeta.
La ley debe otorgar una mayor dimensión a la promoción del espacio cívico y democrático en los países donde se coopera, reforzar la colaboración con las oenegés e incorporar a los actores de la sociedad civil como sujetos de cambio e impulsores de una mayor transformación en las diferentes sociedades (organizaciones de migrantes, plataformas y movimientos ciudadanos, entidades de economía social y solidaria…).
Nuestra ley debe situar en el centro la necesidad de una ciudadanía comprometida, activa e implicada en los cambios globales, desde un conocimiento crítico de la realidad; una ciudadanía que participe en la solidaridad internacional, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos, la justicia económica, social y de género y la paz, desde lo local y en complicidad con el resto de agentes de la cooperación estatal y descentralizada. Ha de poner en valor la competencia e importancia de las entidades locales para la cooperación descentralizada y reflejar la singularidad aragonesa en una cooperación que se vincula al territorio y que genera y mantiene lazos y relaciones como expresión de la solidaridad ciudadana.
Finalmente, la ley tiene que establecer una hoja de ruta concreta para alcanzar el 0,7% en el 2030 y garantizar un suelo no sujeto a condicionalidad alguna.
Hemos hecho propuestas para reclamar que queremos una ley que sirva al tejido social de Aragón y a las comunidades de los países del sur, y que fomente un desarrollo sostenible. Tenemos que ser ambiciosos, dejarnos de tecnicismos y evitar una rigidez más propia de una convocatoria de subvenciones. Al redactar la norma, debe pensarse en todos los aragoneses y en todas sus formas de ejercer la solidaridad. Debemos tener una ley de la que estemos orgullosos, con objetivos precisos y que podamos cumplir.
