Cuando se cumple un año del asedio incesante a Palestina, con más de 41.000 personas asesinadas y mientras el conflicto se extiende a otras zonas de la región, las ONG que formamos parte de La Coordinadora volvemos a exigir el alto el fuego, la garantía de la asistencia humanitaria y el fin del comercio de armas con Israel. Demandan también el regreso a casa de las personas secuestradas desde entonces.
El Derecho Internacional Humanitario se está violando impunemente sin que la comunidad internacional ponga freno a tal situación.
La Coordinadora recuerda que el Congreso aprobó una PNL el pasado mes de marzo cuyo contenido apenas ha sido cumplido.
Foto UNRWA
Las ONG volvemos a lanzar un grito de alarma. Más de 41.500 personas han sido asesinadas. Más de dos millones de personas continúan atrapadas en la Franja de Gaza sin posibilidad de escapatoria y los niveles de violencia aumentan por momentos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La situación en Palestina no tiene precedentes: se bombardean escuelas, hospitales, campos de personas refugiadas. Se han sobrepasado cifras históricas en asesinatos a periodistas, personal sanitario y civiles -especialmente, niñas y niños- en doce meses desde el inicio de esta escalada de violencia. El control sobre el acceso al agua, a los alimentos o a medicamentos, se utiliza como arma de guerra. Tal situación supone un ataque directo a los derechos y la vida de la población palestina, pero también a las reglas humanitarias internacionales.
La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tomara medidas sin demora para evitar el genocidio. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió un alto el fuego y la garantía de la asistencia humanitaria. Nada de eso ha sido cumplido; de hecho, todo lo contrario: Israel ha nombrado persona non grata al secretario de Naciones Unidas, António Guterres; ha bombardeado sin tregua la Franja de Gaza, los niveles de violencia se han multiplicado en Cisjordania y Jerusalén Este, además, está bombardeando Siria y Yemen, y ha invadido el sur de Líbano, donde casi 500 personas han sido asesinadas y más de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares. La situación en la región es extremadamente preocupante y no tiene precedentes. Irán ha atacado Israel lo que supone un gravísimo peligro dado que ambas son potencias nucleares. Las consecuencias para millones de personas son incalculables como también lo son para toda la humanidad que ve cómo los principios de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario se están incumpliendo de manera impune y sistemática.
Responsabilidad de terceros Estados
La gravedad de la situación es tal que la responsabilidad atañe también a terceros Estados. El pasado mes de marzo se aprobó una PNL en el Congreso en la que se instaba al Gobierno a una serie de medidas que contemplaban nuestros cinco puntos esenciales para contribuir a la paz en la zona:
- Exigir a las partes un alto el fuego permanente.
- Exigir a las partes del conflicto que permitan un acceso humanitario suficiente y sostenido, especialmente en Gaza.
- Exigir a las partes el respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.
- Poner fin al comercio de armas entre el Estado español e Israel.
- Trabajar para una solución negociada al conflicto, incluyendo prevenir por todas las vías una escalada de violencia en Oriente Próximo, priorizando la vía diplomática.
Sociedades de todo el mundo reclaman el fin de esta masacre que ya se extiende a otros países. La comunidad internacional, los Estados, no pueden volver la cabeza ante tal barbarie. La responsabilidad es ineludible y exige que se tomen medidas firmes para acabar con el enorme sufrimiento humano que se está generando. Contribuir a la paz de hoy alimentará la paz del futuro.
