El uso de fuego real en situaciones en las que no existe un peligro inminente de muerte o lesiones graves constituye una violación del derecho internacional.
Este pasado lunes 14 de mayo las fuerzas israelíes mataron a 60 palestinos, siete de ellos menores, e hirieron a 2.400, la mayor cifra de muertos y heridos en un solo día desde la ofensiva de Israel contra Gaza en 2014. Al día siguiente, las víctimas mortales fueron dos y 417 los heridos. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, la mayoría de los muertos son jóvenes de entre 20 y 30 años.
El Ejército de Israel ha usado munición real y métodos de dispersión de masas como gas lacrimógeno contra los manifestantes que protestaban -con piedras, hondas y neumáticos incendiados- contra la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y con motivo de la Marcha del Retorno, que reclama el derecho de los refugiados a volver a sus hogares. La mayoría de las víctimas han perdido la vida a causa de la metralla y las balas disparadas por las fuerzas israelíes.
Ayer, 15 de mayo, se cumplieron 70 años de la Nakba (la catástrofe), fecha en que se recuerda la guerra árabe-israelí de 1948 que desembocó en la creación del Estado de Israel y que obligó a miles de palestinos a huir de sus hogares y su tierra, y emprender el éxodo.
Ese día, 700.000 personas se convirtieron en personas refugiadas. En la actualidad son más de cinco millones.
Desde el 30 de marzo, inicio de la Marcha del Retorno, el Ejército israelí ha matado a 114 palestinos, incluidos 12 niños -entre ellos una bebé de ocho meses-, durante el curso de las manifestaciones. El número acumulado de heridos supera los 12.600, más de 3.600 por munición real, según la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA).
Tal y como señala Amnistía Internacional, el uso de fuego real en situaciones en las que no existe un peligro inminente de muerte o lesiones graves constituye una terrible violación del derecho internacional.
Ataques contra instalaciones de salud y personal sanitario
Muchas de las personas heridas no están pudiendo recibir una atención médica adecuada ya que, según denuncia la UNRWA, las instalaciones médicas en Gaza están “al límite y se están quedando sin suministros médicos esenciales. Los hospitales públicos de la Franja tienen menos de una semana de reservas de combustible para continuar sus operaciones”.
Como recuerdan diversas organizaciones internacionales, el bloqueo al que Israel somete a Gaza desde hace más de una década, descrito por la comunidad internacional como un “castigo colectivo”, impide la libertad de movimientos y el acceso a los servicios de salud y medicamentos, al agua potable, a la comida y a la electricidad.
La Organización Mundial de la Salud ha documentado un número creciente de los mismos desde el inicio de las manifestaciones. Hasta el 13 de mayo, se habían registrado 211 ataques contra trabajadores de la salud que asistían a la gran cantidad de heridos durante las manifestaciones masivas en la valla fronteriza. Nueve heridas de bala, 13 heridas por latas de gases lacrimógenos y 189 sufrieron inhalación de gases lacrimógenos. Veinticinco ambulancias también fueron dañadas.
Como ya hicimos cuando se anunció la decisión, la FAS apoyó a la Coordinadora cuando expresó su desacuerdo con el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. Una acción que implica un reconocimiento de esta ciudad como capital de Israel. Jerusalén no forma parte, según el Derecho Internacional, del Estado israelí.
Por todo ello, la FAS reclama al Gobierno de España, a los Estados miembros de la Unión Europea y a las instituciones europeas e internacionales que:
- Condenen la actuación militar israelí que viola el Derecho Internacional Humanitario.
- Velen por el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas que viven en la zona.
Los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas. La comunidad internacional debe garantizar justicia para las víctimas. - Trabajen para cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y alcanzar una paz duradera.
- Rechacen la decisión de la Administración estadounidense de trasladar su embajada a Jerusalén y respeten y cumplan la legalidad internacional.
- Exijan al Gobierno de Israel que:
- Cese de inmediato de la violencia a la que está sometiendo a la población civil palestina, y en particular a la gazatí.
- Garantice los derechos humanos de palestinos y palestinas.
- Sus fuerzas de seguridad no se extralimitan en el uso de la fuerza y eviten el uso desproporcionado de la fuerza letal, tal y como establecen los Principios Básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Los responsables de las muertes y los ataques violento sean llevados ante un tribunal y tengan un juicio con garantías de derecho basado en una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos.
Garantice el acceso de la población palestina a los servicios sanitarios y de ayuda humanitaria y cese inmediatamente los ataques contra instalaciones de salud y personal sanitario. - Ponga fin a la ocupación y la violación sistemática de los derechos del pueblo palestino que constituyen la anexión ilegal de Jerusalén Este, el bloqueo de Gaza y la ocupación de Cisjordania.
Ver comunicado oficial de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo
