El ataque sistemático a la política de cooperación descentralizada hiere de gravedad un trabajo construido durante más de 20 años con las ONGD.
27 de julio de 2012. El anuncio del cierre de subvenciones a proyectos de cooperación y educación para el desarrollo de la Generalitat Catalana, viene a sumarse al ataque sistemático sufrido, desde 2009, por las políticas públicas de solidaridad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Una situación que también vivían recientemente Canarias, Castilla La Mancha y Murcia. Este ataque pone en serio peligro actuaciones que se realizan desde la década de los 90, con una valoración positiva a nivel internacional y que han llegado a convertirse en una seña de identidad de la cooperación española.
En los últimos cuatro años, los recortes que están sufriendo la mayoría de las Comunidades Autónomas (Castilla La Mancha el 100%, Comunidad Valenciana el 65%, Canarias el 89%) no sólo son desproporcionados, sino que además, orientan los escasos recursos que quedan hacia modelos de cooperación que excluyen a las ONGD en favor de otros actores.
Ante este giro en la orientación estratégica de la política de cooperación, la Coordinadora defiende el rol de las ONGD como el único agente de la sociedad civil cuya misión fundacional, objetivo expreso y fin último y exclusivo es la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Cuentan, además, con una demostrada capacidad para el trabajo en contextos inestables, al servicio de las personas más vulnerables.
Apostar por un modelo de cooperación que incorpore a las ONGD supone una clara vocación de que las políticas se centren en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, sin que interfieran otro tipo de intereses. Incluir en las políticas de cooperación a las ONGD significa además, fomentar la participación democrática en la construcción de las políticas públicas.
A pesar de la situación de crisis y de la reducción de fondos, existen Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que mantienen su compromiso con la cooperación y las ONGD puesto que, aún ajustándose a las limitaciones presupuestarias –como es el caso de Galicia o Extremadura-, no la anulan por completo. Posturas como éstas demuestran que el futuro de la cooperación no es tan sólo una cuestión de recursos, sino de voluntad política a la hora de atender a las personas más vulnerables.
