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Día de las personas cooperantes: la relevancia de una política pública en un mundo con crisis extremas

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Cooperantes que trabajan junto a organizaciones locales en Palestina y Sudán demandan mayor compromiso para salvar vidas y garantizar los derechos humanos y la paz.

La negociación de los presupuestos generales del Estado para 2025 es una excelente oportunidad para que España salga del vagón de cola de la cooperación europea. En un contexto internacional de múltiples y complejas crisis, debe superarse el 0,4% para esta política pública. La Coordinadora demanda una señal inequívoca en este sentido, por ley, por justicia y por futuro.

La aprobación del Estatuto de las personas cooperantes el pasado mes de julio, supone una mejora significativa en las condiciones laborales del personal que trabaja fuera del Estado español, aunque cuenta con aspectos susceptibles de mejora.

El planeta sufre el mayor número de conflictos (56) desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas ven sus derechos más básicos cercenados, mientras incrementan los presupuestos y discursos belicistas. Esto, junto a las consecuencias de la emergencia climática y el retroceso de derechos, ha hecho que se alcance el récord de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo: más de 117 millones, según datos de ACNUR; la mayor parte de ellas son desplazadas en sus propios países.

En tal contexto, el trabajo que realizan cooperantes junto a organizaciones locales es esencial para garantizar derechos básicos. A pesar de ello, la persecución a su trabajo está aumentando de manera preocupante: Nicaragua, Perú, Guatemala, Hungría, Israel o Tanzania son algunos de los países que han tomado medidas que persiguen el trabajo de las ONG.

Según el último informe de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 612 personas (58% hombres, 42% mujeres) desarrollan su trabajo como cooperantes en las organizaciones socias de La Coordinadora.

Cooperantes: un trabajo con organizaciones de todo el mundo

El pasado mes de julio, se aprobaba el Estatuto de las personas cooperantes, que viene a sustituir al anterior, del año 2006. El nuevo marco legal mejora las condiciones laborales de los y las trabajadoras y sus familias, fortalece las medidas de seguridad o la extensión de la previsión social al personal voluntario, becario y que realiza prácticas no remuneradas en terreno. No obstante, tal como lo contempló el Consejo de Cooperación tiene cierto margen de mejora en cuestiones como ampliar los derechos de las personas voluntarias o fortalecer el deber de cuidado especialmente en situaciones de crisis. Aunque el personal local no es objeto de este Estatuto, el Consejo propone cuidarlo, protegerlo y evacuarlo, si fuera necesario, especialmente en situaciones de crisis o emergencia.

Según el último informe de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 612 personas (58% hombres, 42% mujeres) desarrollan su trabajo como cooperantes en las organizaciones socias de La Coordinadora. Su labor se extiende por 100 países en los que trabajan con 47 millones de personas. Desde Ucrania, Palestina y Chad, algunas de ellas advierten de la situación extrema que están sufriendo millones de personas, ponen en valor la incalculable labor de las organizaciones locales y demandan un mayor compromiso al Gobierno.

CHAD. Fernando Contreras, Oxfam Intermón y Belén Álvaro, Entreculturas.

Chad se enfrenta a una crisis humanitaria multidimensional y prolongada derivada de conflictos armados, inseguridad alimentaria, emergencias sanitarias y climáticas. En el este del país, debido al conflicto en Sudán la situación humanitaria es especialmente grave. Desde que comenzara la guerra en Sudán, casi dos millones de personas han huido; de ellas, más de 600.000 han cruzado la frontera chadiana.

Oxfam Intermón lleva trabajando 50 años en el país. En el último año ha proporcionado asistencia alimentaria a más de 20.000 personas, además de asegurar redes de abastecimiento de agua potable. Entreculturas trabaja desde 2006 en programas de educación en emergencias, haciendo especial incidencia en las dificultades que enfrentan las niñas y adolescentes refugiadas y desplazadas.

Muchas de las personas que huyen de Sudán no tienen posibilidades de regresar, por eso, es fundamental promover oportunidades para que la población refugiada se integre de forma activa en las comunidades locales. En este sentido, las organizaciones chadianas son imprescindibles, así como, las autoridades locales que han permitido la integración de las escuelas de los campos de refugiados en el sistema educativo de Chad.

Fernando Contreras (Oxfam Intermón) recuerda que la asistencia humanitaria española sigue estando muy lejos de las cifras de hace más de una década y su peso respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo sigue siendo inferior a las recomendaciones internacionales (10%). Por su parte, Belén Álvaro, señala que, aún probada la importancia de la educación como espacio de protección en contextos de crisis, el porcentaje de los fondos de ayuda humanitaria que se destinan a educación en emergencias es exiguo.

En tales contextos, se necesitan actuaciones que integren la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz. Ambos cooperantes coinciden en la necesidad de fortalecer la cooperación como un elemento clave de la acción exterior que contribuye a la paz y al respeto de los derechos humanos. Además, recuerda Fernando Contreras, “Es necesario asegurar una acción humanitaria feminista, que responda a los desafíos de la crisis climática y que se cuestione las herencias coloniales y racistas que impregnan el sector y que permitan situar a España como un actor relevante en el ámbito internacional”.

PALESTINA. Eva Sánchez, ACPP.

Desde el pasado 7 de octubre, más de 40.000 personas han sido asesinadas en Gaza, casi 90.000 han resultado heridas. Dos millones se han visto obligadas a desplazarse sin escapatoria. Todo el territorio está devastado. Los hospitales han sido bombardeados; la entrada de alimentos y de ayuda humanitaria continúan sufriendo bloqueos. La propagación de enfermedades infecciosas y la desnutrición afectan ya a la mayoría de la población. En Cisjordania y Jerusalén Este, más de 500 personas han sido asesinadas por colonos o el ejército y más de 9.000 han sido detenidas sin cargos; diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado torturas en las cárceles israelíes.

ACPP trabaja con organizaciones locales en defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Eva Sánchez recuerda que continuar con la cooperación al desarrollo, no solo la asistencia humanitaria, es fundamental para que pueda existir un Estado viable. “En las últimas décadas, hemos denotado que es realmente necesario “resistir” ante la ocupación y la sociedad civil organizada juega un papel clave en este sentido”, asegura.

Los límites impuestos para acceder a la zona, hacen que las organizaciones palestinas sean esenciales para la identificación de necesidades, la creación de comités para organización de los campos de personas desplazadas y para el reparto de la escasa ayuda que consigue llegar. “Las ONG palestinas tienen un gran arraigo y son capaces de adaptarse rápidamente a las recurrentes crisis que sufren desde hace décadas”, afirma Eva Sánchez.

En relación a la responsabilidad del Gobierno, Eva Sánchez exige fondos flexibles que se adapten a las condiciones de emergencia extrema que sufre Palestina. “La mayor parte de los recursos deben dirigirse a las organizaciones de la sociedad civil, tanto española como palestina”.

 

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