Ante el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo muestra su enorme preocupación ya que puede suponer, entre otras cosas, considerar como un “delito de integración en organización criminal” la convocatoria de una concentración o protesta a través de internet en la que se produjeran incidentes de carácter violento. También puede llegar a considerarse como “atentado contra la autoridad” la resistencia activa no violenta. Ambos casos podría llegar a ser castigados con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de hasta 600.000 euros.
Como organizaciones de la sociedad civil, consideramos esta propuesta profundamente preocupante puesto que constituiría una restricción de libertades y derechos y una criminalización de las movilizaciones ciudadanas pacíficas que canalizan el descontento social y las demandas ante el recorte de derechos humanos que se está produciendo en nuestro país.
La defensa de los derechos humanos y la promoción de propuestas pacíficas que contribuyan al bien común forman parte de nuestra identidad ciudadana. Consideramos la no violencia como una forma legítima de transformación social; las propuestas no violentas son absolutamente necesarias para luchar contra la injusticia y construir conjuntamente sociedades justas y equitativas.
Ante esta situación, damos la voz de alarma y consideramos absolutamente necesario que, bajo ningún concepto, se olvide que:
- El derecho de manifestación está contemplado en la Constitución española, como también lo está la libertad de expresión
- La libertad de opinión y expresión también están recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
- La participación ciudadana es uno de los elementos claves para la salud democrática de cualquier país
- La fiscalización ciudadana de la gestión de lo público no sólo es un derecho, sino también un deber ciudadano que es inherente al ejercicio de la democracia. Las reivindicaciones no violentas contribuyen a la construcción de sociedades más justas y equitativas
El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana refuerza la tendencia actual a criminalizar a los movimientos sociales. Limitar la libertad de expresión de la ciudadanía puede aumentar la crispación social existente. Apostar por políticas que respeten los derechos humanos y las propuestas no violentas garantiza sociedades democráticas. Esperamos que el gobierno no lo olvide.
