Implementación de medios materiales, humanos y de infraestructuras suficientes en ceuta para una atención digna para todas las personas que se encuentran en la ciudad
Implicación del gobierno de aragón, en el marco de sus competencias, en la atención a estas personas, en particular los y las menores no acompañados
En lo que va de año llevamos 745 personas migrantes han perdido la vida, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), intentando llegar a nuestras costas. En el plazo de un mes, siempre según la OIM, se ha incrementado esta cifra en 352 personas. Es decir, en los últimos 31 días, cada día, una media de 11 personas han fallecido intentando llegar a España.
Especial incidencia ha tenido, en el aumento de personas fallecidas durante este último mes, los sucesos de Ceuta del pasado 30 de julio. Según la Organización Caminando Fronteras, un total de 141 personas fallecieron ese día intentando llegar a España.
Han pasado casi tres semanas desde esta tragedia.
En estos momentos, según las organizaciones sociales que trabajan en la ciudad, se calcula que entre 2.500 y 4.000 menores y entre 1.300 y 2.500 personas más, potenciales solicitantes de protección internacional, se encuentran en la ciudad de Ceuta. Resulta profundamente preocupante que, transcurridas casi tres semanas, todavía no exista una información pública, actualizada y contrastada sobre el número exacto de personas presentes en la ciudad y sus necesidades de protección.
Diversas organizaciones sociales denuncian que estas alrededor de 5.000 personas se encuentran en una situación de desamparo, sin acceso a agua potable, alimentación, ropa adecuada y condiciones básicas de higiene.
La falta de una atención sanitaria adecuada, por falta de medios, está provocando una emergencia sanitaria, tanto de atención sobre el terreno como de tratamiento de enfermedades. No hay recursos suficientes de ropa, para el baño, la limpieza y una correcta higiene. Estas carencias, además, afectan a la dignidad de estas personas.
Nos preocupa especialmente la situación de los menores que se encuentran sin referentes familiares, así como el riesgo específico que afrontan las niñas y adolescentes. Las investigaciones abiertas sobre posibles agresiones sexuales evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección de la infancia.
Todo ello está afectando a la salud física y mental de estas personas, y al conjunto de la ciudad de Ceuta. La falta de medios desplegados, y el retraso de los mismos, está repercutiendo en la convivencia en el conjunto de la ciudad.
Por todo ello, EXPRESAMOS:
- Nuestra solidaridad con la ciudad y las personas que viven en la ciudad de Ceuta. Son merecedoras de todo el apoyo, del Gobierno de España de las diferentes Comunidades Autónomas, para recuperar la normalidad lo antes posible.
- Reconocemos y agradecemos la labor de las organizaciones vecinales y sociales que están cubriendo necesidades básicas ante la insuficiencia de recursos disponibles.
- La urgencia de que el Gobierno de España intensifique todos los medios humanos, sanitarios, psicológicos, de higiene, sociales, especializados en la atención de menores, de infraestructuras, de alimentación y de atención en el marco de la legislación de extranjería y de protección internacional, para que estas personas reciban un trato digno, sobre todo las y los menores.
- La necesidad de que el Gobierno de Aragón asuma su responsabilidad, en el marco de sus competencias, y colabore activamente con el Gobierno de España en la atención de estas personas, en particular de estos menores. Solicitamos, igualmente, que las declaraciones que se realicen desde el Gobierno de Aragón no estigmaticen a las y los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Aragón.
- Por otro lado, estos sucesos de Ceuta del pasado 30 de julio son un ejemplo más, especialmente doloroso, del fracaso de las políticas de externalización del control de los flujos migratorios a terceros países, desarrolladas desde hace décadas por el Gobierno de España y por el conjunto de la Unión Europea. Externalización a países como Marruecos, Libia, o Turquía que utilizan los movimientos de las personas, en un claro desprecio de la vida humana, como herramienta de presión para sus intereses geopolíticos. Estas políticas de externalización de fronteras provocan miles de muertes. El Mediterráneo y la ruta hacia las Islas Canarias son las rutas migratorias más letales del mundo para las personas migrantes.
Por todo ello, EXIGIMOS:
- Vías legales y seguras: vías de tránsito seguras y legales para que las personas migrantes no tengan que arriesgar su vida para alcanzar suelo seguro en la Unión Europea.
- El derecho a no tener que huir del propio país: políticas económicas, fiscales, comerciales, medioambientales justas… que contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad.
- El cumplimiento de la legalidad internacional y los derechos humanos de todas las personas en movimiento. Unido a ello, especial atención y trato digno a los niños, niñas y adolescentes, priorizando el interés superior del menor, recogido en la Convención sobre los derechos del Niño.
- Garantizar el acceso efectivo al procedimiento de protección internacional, derecho de asilo y reunificación familiar, a las personas que llegan a nuestro territorio y lo requieran.
- Al Gobierno de Aragón que, en el marco de sus competencias, colabore activamente con el Gobierno de España en la atención de estas personas, en particular las y los menores que se encuentran en Ceuta o llegan a nuestras fronteras, y que finalicen las declaraciones que estigmatizan a las y los menores que residen en nuestra Comunidad.
- La activación de mecanismos extraordinarios de coordinación entre las administraciones y entidades sociales para garantizar la identificación, protección y atención inmediata de todas las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
- El fortalecimiento de los medios públicos de búsqueda, rescate y la activación inmediata de los protocolos de salvamento cuando existen alertas de riesgo para la vida.
- La paralización de las políticas de externalización del control de los flujos migratorios, desarrolladas por el Gobierno de España y de la Unión Europea. Son políticas fracasadas que generan, año tras año, muerte y sufrimiento para las personas migrantes.
La experiencia de acogida desarrollada con las personas desplazadas por la guerra de Ucrania, demostró que, cuando existe voluntad política, es posible habilitar vías legales y seguras e
implementar políticas de acogida dignas. Reclamamos que esos mismos principios de humanidad, protección y respeto a los derechos se apliquen a todas las personas que buscan refugio, protección o un futuro mejor.
¡Todas las vidas tienen el mismo valor y todos los derechos deben garantizarse con independencia del origen, nacionalidad o situación administrativa de las personas!