Mostramos nuestra consternación y rechazo a la represión indiscriminada que están sufriendo en Ecuador las personas que se manifiestan contra las medidas de carácter neoliberal que ha anunciado el gobierno.
Según datos del Defensor del Pueblo de Ecuador, 5 personas han perdido la vida, más de 500 han resultado heridas y casi 1.000 han sido detenidas.
Solo el fin inmediato de la represión y el establecimiento de un diálogo entre las partes puede garantizar la solución de esta grave crisis.
Como organizaciones de cooperación para el desarrollo, nos sumamos a la Coordinadora Estatal de ONGD, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano: con las naciones indígenas, con las diversas asociaciones de mujeres, con las organizaciones sociales y sindicales. Rechazamos rotundamente la represión que el gobierno está ejerciendo contra miles de personas que se manifiestan frente las medidas neoliberales anunciadas; medidas fruto de un acuerdo firmado el pasado mes de febrero con el FMI. El pueblo ecuatoriano tiene memoria y recuerda las graves consecuencias que medidas de este tipo tuvieron sobre sus condiciones de vida en la década de los 90: empobrecimiento generalizado, precarización de las condiciones laborales, exclusión social; consecuencias especialmente graves para miles de mujeres que se vieron obligadas a migrar. Nos solidarizamos con las casi 500.000 personas ecuatorianas que viven en nuestro país; todo nuestro apoyo a sus familias.
Apoyamos las luchas históricas del pueblo ecuatoriano por la defensa de los bienes comunes, el territorio de las naciones indígenas y la protección de los recursos ante un modelo extractivo que nos ha llevado a la emergencia climática global.
Rechazamos la declaración del estado de excepción y la violencia ejercida por el gobierno. Un mecanismo que permite la represión de las manifestaciones, la suspensión del derecho de reunión y asociación, el control de los medios de comunicación o la detención arbitraria.
Llamamos al gobierno ecuatoriano a acabar con esta represión e iniciar un diálogo sostenido que permita acabar con esta grave crisis. Pedimos el gobierno español en funciones que actúe de manera inmediata y demande al gobierno ecuatoriano el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
