Un informe estatal sobre los presupuestos autonómicos para cooperación al desarrollo revela que el Gobierno de Aragón ha realizado la mayor reducción de fondos en toda España, liderando un recorte histórico superior al 76% en 2024. Este drástico descenso afecta directamente a más de 485.000 personas beneficiarias de proyectos humanitarios y de derechos humanos impulsados por diversas ONG aragonesas, cuya labor se encuentra ahora en grave riesgo.
Los terribles efectos de la DANA en Valencia demuestran que es necesario contar con políticas públicas que den respuesta a los enormes desafíos que vivimos en nuestros entornos más cercanos y también en todo el planeta. Tales desafíos no saben de fronteras y exigen políticas que estén a la altura.
Este recorte tiene consecuencias directas en las intervenciones que se apoyan a través de la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Aragón. En 2022, el monto total de las subvenciones ascendió a 5.1 millones de euros. En la convocatoria para 2024, esa cantidad ha bajado de manera acusada hasta los 868.000 euros. «Estos recortes no solo vulneran los compromisos internacionales y nacionales de cooperación, sino que también ponen en jaque una política pública esencial para enfrentar crisis humanitarias a nivel global».
Este alarmante retroceso en Aragón es parte de una tendencia general en varias comunidades autónomas (CCAA). Según el informe especial realizado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo, diez de las diecisiete CCAA han reducido o congelado sus fondos para cooperación, entre las que destacan, además de Aragón, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia, donde el presupuesto por persona apenas alcanza el coste de un café al año.
España, lejos del compromiso del 0,7% para cooperación
En un contexto internacional de graves crisis humanitarias, en el que los conflictos y la emergencia climática causan enormes daños y pérdidas de vidas, la media de los fondos destinados por las CCAA a cooperación se sitúa en un 0,12%, muy lejos del 0,7% comprometido por ley. Incluso las CCAA que lideran en financiación, como Euskadi y Navarra, solo alcanzan un 0,35% y un 0,3% respectivamente, cumpliendo solo la mitad del objetivo establecido.
Mientras tanto, comunidades como Navarra destinan 30 euros por persona al año, contrastando con Murcia, que destina apenas 0,59 euros. A nivel nacional, el promedio de inversión por habitante es de 8,50 euros, cifra que se queda corta ante las necesidades actuales.
Una política pública debilitada frente al apoyo ciudadano
Estos recortes en cooperación al desarrollo contrastan con el apoyo firme de la ciudadanía española a las políticas de solidaridad y cooperación. Según el último barómetro del CIS, el 70% de la población apoya que España ayude a los países más desfavorecidos, un respaldo que ha quedado demostrado en las numerosas manifestaciones de apoyo a crisis internacionales como las de Ucrania y Palestina.
La Federación Aragonesa de Solidaridad y la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo instan a los gobiernos autonómicos a revertir estos recortes y presentar un apoyo integral a una política fundamental. En este sentido, el informe incluye las siguientes recomendaciones para avanzar hacia una cooperación sólida y efectiva:
- Cumplir con la meta del 0,7% establecida en las leyes autonómicas y estatales.
- Reducir la burocracia para facilitar la efectividad de las propuestas a favor de los derechos humanos, la paz, la convivencia, la reducción de las desigualdades, etc.
- Reforzar la capacidad de las administraciones para lograr intervenciones más efectivas y con mayor impacto.
- Armonizar criterios de contabilidad, mejorando la transparencia y el seguimiento de los fondos.
- Asegurar que los fondos apoyen la paz, la reducción de la pobreza, las desigualdades y la protección del planeta.
- Responder al compromiso de solidaridad demostrado por la sociedad española.
Un sistema de cooperación único en riesgo
España es el único país con un sistema descentralizado de cooperación que involucra a todas sus comunidades autónomas, una seña de identidad que ha permitido a las ONG españolas trabajar en iniciativas de desarrollo y humanitarias en todo el mundo. Sin embargo, estos recortes suponen un riesgo significativo para esta política única, que fortalece el rol de la sociedad civil y contribuye a abordar las grandes crisis que enfrenta el planeta.
