Los esfuerzos de las administraciones españolas y europeas deben estar en favorecer rutas migratorias seguras
Como escribía Eduardo Galeano en Los emigrantes, ahora, «desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano».
Hay diferentes vínculos: claros, fuertes, profundos, forzados… Y hay algunos que son obvios, pero requieren de una explicación, e incluso dignificar el sentido que tienen. El vínculo entre las migraciones con la cooperación al desarrollo es uno de esos que se debe dejar claro.
Las organizaciones sociales llevamos años pidiendo políticas acordes con los derechos humanos y coherentes con los compromisos internacionales en materia del derecho internacional. Hemos denunciado en repetidas ocasiones la ausencia de vías seguras y legales para entrar en la Unión Europea y una legislación de extranjería cada vez más estricta. Ello obliga a muchas migrantes y refugiadas a hacer uso de las redes de tráfico de personas, y, en los casos más dramáticos, caen en manos de las mafias de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o de tráfico de órganos.
También hemos denunciado de manera persistente la frecuente instrumentalización de la cooperación internacional como herramienta para frenar las migraciones. Cabe recordar que la relación principal de la cooperación para el desarrollo con las migraciones es promover vidas dignas para que las personas no se vean obligadas a migrar. En ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como una herramienta para frenar la migración o como un instrumento de externalización de fronteras.
Que no haya duda: migrar es un derecho. Las causas son muchas, el derecho es el mismo. Mejorar las condiciones materiales y sociopolíticas de los pueblos del sur global es un buen comienzo para disminuir las migraciones forzadas, pero no las elimina de manera permanente. Es por ello que los esfuerzos de las administraciones españolas y europeas han de estar centrados en favorecer rutas migratorias seguras y regulares, donde prime el enfoque de derechos y se salvaguarde la legislación internacional en materia de asilo y refugio.
Asimismo, si realmente queremos atajar las causas profundas de las migraciones forzadas, primero tenemos que atender a aquellas políticas locales, regionales y estatales que pueden estar interfiriendo en el libre desarrollo de los países del sur global. Frenar la venta de armas, apostar por una política comercial justa y equitativa, detener la explotación de recursos naturales en estos países o disminuir las emisiones de gases contaminantes son solo algunas de las medidas que podemos tomar para mejorar las condiciones de vida de esas comunidades.
Así que hay que dejar claro el vínculo: la cooperación internacional es una herramienta que contribuye a la mejora de las condiciones de vida en los países de origen, pero no puede interponerse al derecho a migrar.
Ceren Gergeroglu
Presidenta Federación Aragonesa de Solidaridad
