Manifiesto de la Plataforma por la Salud Universal leído en la concentración del 4 de septiembre en Zaragoza.
El pasado sábado, 1 de septiembre, se consumó otro de los múltiples atropellos que el Gobierno del Partido Popular viene perpetrando contra la ciudadanía durante los meses que lleva de legislatura. Ha expulsado del sistema público de salud a miles de personas pertenecientes a uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad: la inmigración que no tiene regularizada su situación administrativa o que, aun habiéndola tenido, ha perdido el permiso de residencia por la crisis económica. Se ha privado a este colectivo de un derecho que le asiste legítimamente y que consiste en algo tan básico, tan elemental, tan imprescindible para toda persona como el acceso a los medios para poder preservar la salud y la integridad física.
Pocos casos ejemplifican como este la máxima con la que gobierna la derecha política: débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Para aquellos, amnistía fiscal; para estos, recorte de derechos y prestaciones. Para los unos, rescate bancario; para los otros, precariedad laboral y marginalidad.
La denegación de la asistencia sanitaria a las y los inmigrantes se lleva por delante los principios de universalidad e igualdad que deben presidir el acceso a derechos fundamentales y es contraria a la Declaración de Derechos Humanos, a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Aragón. Por otro lado, el Gobierno ha colocado en una encrucijada ética al personal sanitario e, incluso, al personal administrativo de los centros de salud, al derogar indirectamente el código deontológico que rige en el ejercicio de la medicina.
Al margen de los contundentes argumentos jurídicos, no se sostienen los pretextos económicos esgrimidos por la Administración: todos los estudios fiables apuntan al incremento del gasto sanitario, a medio plazo, por la derivación a los servicios de urgencias del colectivo expulsado de la asistencia sanitaria regularizada. Y, recuérdese, la sanidad pública no la sufraga el Gobierno: la sostienen los impuestos pagados por la ciudadanía, incluida la inmigración en situación irregular a través de las cargas fiscales indirectas, como las que gravan el consumo.
Cuando se habla de xenofobia institucional es esto lo que se quiere decir: un organismo público adopta medidas discriminatorias contra personas de otras nacionalidades por esta mera circunstancia. Con ello se agita un espantajo bien conocido y de trágicas consecuencias en la historia reciente de Europa: el miedo al extranjero y su rechazo. Se pretende así desviar la atención burdamente y proporcionar a la ciudadanía una víctima propiciatoria en la que descargar la frustración que provoca la crisis generada por los poderosos. No caigamos en la trampa.
Apelamos también a las personas menos proclives a secundar las reivindicaciones que aquí formulamos. No puede olvidarse ahora que el crecimiento económico de España en los años de bonanza hubiera quedado reducido a la mitad sin el trabajo aportado por la inmigración extranjera. Tampoco debe obviarse, desde el punto de vista sanitario, que la denegación de asistencia a cualquier colectivo de personas pone en peligro potencialmente la salud pública general, al interrumpirse los mecanismos de detección y tratamiento precoz de las enfermedades. Y, en términos sociales, nadie puede asegurar en estos momentos que nunca vaya a demandar la solidaridad y el apoyo de otras personas y colectivos, porque la inmensa mayoría de la población está padeciendo las nefastas consecuencias de una crisis generada por los poderes financieros y las oligarquías económicas.
Por todo ello, la Plataforma por la Salud Universal, integrada por numerosas entidades de apoyo a inmigrantes y de colectivos de inmigrantes, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de profesionales de la medicina y otras muchas de orientación social,
a) Exige la retirada de las medidas que expulsan del sistema público de salud a la inmigración en situación administrativa no regularizada.
b) Rechaza, por inviable, injusta y discriminatoria, la posibilidad de que este colectivo sufrague la sanidad pública como si se tratase de asistencia privada.
c) Se niega a participar como cómplice en la instauración de un sistema sanitario paralelo de beneficencia.
d) Y reclama la reintegración plena de los derechos sanitarios del citado colectivo.
Súmate a estas propuestas para que, cuando vayan a por ti, quede alguien que pueda ayudarte.
