La reforma atendía a una larga demanda de la sociedad civil pero, aunque supone una mejora, desoye aspectos importantes.
Madrid, 20 de octubre de 2010.- Después de mucho tiempo de reivindicación por parte de las organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Coordinadora ONGD de España, la Plataforma 2015 y Más, y la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, hoy se ha aprobado en el pleno del Congreso el FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo), cerrando así el proceso de división de los antiguos créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) en dos nuevas figuras: el nuevo FONPRODE – gestionado por el MAEC- y el FIEM (Fondo de Internacionalización de la empresa española) – gestionado por el Ministerio de Industria, que ya se creó en el mes de junio.
La creación del FONPRODE entraña algunas mejoras respecto a la situación anterior gracias, en parte, a la abierta interlocución que ha habido entre partidos políticos y actores de la cooperación. Se contemplan algunos avances, como la nueva atribución al MAEC de las competencias de gestión de los fondos de desarrollo que administran el Banco Mundial, el FMI o el Fondo Europeo de Desarrollo, así como la limitación a un máximo del 5% del total de la Ayuda Oficial del Desarrollo para la concesión de créditos o préstamos a países en desarrollo. Lamentamos, sin embargo, que esta limitación no se vea reflejada en la propuesta de PGE 2011, y reclamamos a las fuerzas parlamentarias que hagan valer el Pacto de Estado contra la Pobreza en la negociación de las enmiendas a los Presupuestos, que se está produciendo estos días.
La nueva Ley de creación del FONPRODE no recoge otras demandas necesarias ya que, entre otras cosas, sigue contemplando la posibilidad de otorgar créditos a Países Menos Adelantados y a países pobres altamente endeudados, lo que podría aumentar aún más sus deudas externas. Del mismo modo, los nuevos fondos permitirán otorgar créditos para sectores sociales básicos, lo que conllevará la exigencia de tasas a los usuarios e impedirá el acceso de las personas más pobres a derechos fundamentales como el agua, la salud o la educación.
Queremos igualmente mostrar nuestro desconcierto y malestar por algunas enmiendas recogidas en la nueva Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo, relativas, por ejemplo, a la situación laboral de los controladores de tránsito aéreo o a la regulación de órganos rectores de las cajas de ahorros. Cabe recordar que el objeto de la ley es la lucha contra la pobreza, por lo que, incluir temas como éstos, no hace sino evidenciar que los intereses políticos predominan sobre la voluntad real de avanzar en el desarrollo de los países empobrecidos.
