Manifiesto del Día de las Personas Migrantes 2018
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 llegaron al Estado español un total de 532.482 personas, mientras que en el mismo periodo de tiempo emigraron 367.878. Personas de nacionalidad extranjera y española vienen a residir o parten buscando otros destinos y fortunas, en un proceso migratorio común.
En este contexto migratorio nos parece indecente que la llegada, según la Organización Internacional de las Migraciones, de unas 52.000 personas a lo largo de 2018 a nuestro país a través de nuestras fronteras de Ceuta, Melilla y de las costas andaluzas, que recordamos representan menos del 10% del total de las de 2017, se esté utilizando por algunos líderes de partidos políticos y por determinados medios de comunicación como argumento para aumentar los sentimientos racistas y xenófobos de nuestra sociedad.
España y Europa están haciendo un diagnóstico equivocado sobre la migración, considerando los desplazamientos de personas como una amenaza, basándose en emociones más que en datos. Los datos, en cambio, revelan una realidad muy diferente al discurso del miedo y el rechazo. En realidad, la migración, además de un derecho, es un bien público que reporta múltiples beneficios en los ámbitos poblacional, cultural, laboral, económico y de sostenimiento de nuestro estado de bienestar.
Estas llegadas se realizan en unas condiciones lamentables y muy peligrosas. La externalización de fronteras practicadas por el Gobierno español y los de la Unión Europea, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, el mercadeo entre comunidades autónomas y entre el gobierno español y el marroquí en torno a los menores extranjeros no acompañados, además de dar por resultado políticas ineficaces a medio y largo plazo, provocan que las personas migrantes no tengan otra solución que ponerse en manos de las mafias para salvar estas barreras. Las consecuencias son desoladoras: alrededor de 678 personas migrantes han muerto intentando llegar a través del mar a nuestro país en 2018, casi cuatro veces más que el mismo periodo de 2017; miles han muerto en el conjunto del Mediterráneo durante el mismo periodo intentando llegar a la Unión Europea.
Hoy, el Mediterráneo constituye la frontera más mortífera del Planeta para las personas migrantes.
Las causas de esta vergüenza tienen su origen en la inexistencia de vías legales y seguras y en el incumplimiento de la legalidad internacional en materia de migraciones, refugio y asilo por parte de los gobiernos español y europeos.
Aproximadamente, la mitad de las personas migrantes en el mundo son mujeres y niñas. Las mujeres que deciden migrar, se enfrentan a riesgos mayores en el camino. La necesidad, la decisión, la forma y el resultado de la migración son diferentes para hombres y mujeres.
Por todo ello, exigimos:
• Un cambio de las políticas migratorias de los gobiernos español y de la Unión Europea que haga frente, de manera positiva, a los desafíos y oportunidades que plantean los flujos migratorios.
• El cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en materia de reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de asilo.
• La apertura de vías de tránsito seguras y legales para que las personas migrantes no tengan que arriesgar su vida para alcanzar suelo seguro, con también una respuesta adecuada que responda a las necesidades particulares de las mujeres y niñas.
• El derecho a no tener que huir del propio país: son necesarias políticas de respeto a los derechos humanos y económicas, fiscales, comerciales, medioambientales justas… que contribuyan a parar el expolio y a reducir la pobreza y la desigualdad.
• El cumplimiento de la legalidad internacional y de los derechos humanos de las personas en movimiento.
• No utilizar la Ayuda Oficial al Desarrollo para el control migratorio.
• Reforzar los servicios específicamente dirigidos hacia la población migrante para que estas personas puedan realizar sus obligatorios trámites legales ante la Administración de forma ágil y segura, y articular líneas de trabajo que tengan como ejes prioritarios de actuación la desaparición de las expulsiones y de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
• La implicación de las administraciones de nuestra Comunidad ante esta tragedia realizando actos de duelo y respeto institucional cuando acontecen muertes de personas migrantes, y exigiendo al Gobierno central y a la Unión Europea un cambio decidido en sus políticas migratorias.
Porque migrar es un derecho de todo el mundo, porque la diversidad nos enriquece, no más muertes en nuestras fronteras.
