Las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, son profundamente desafortunadas y muy peligrosas. Afirmar que las ONG que salvan miles de vidas en el Mediterráneo fomentan la migración irregular es gravísimo. Es muy irresponsable criminalizar a quien protege la vida. Que las personas que huyen de los conflictos y la miseria opten por rutas más peligrosas en manos de traficantes, se produce por la inexistencia de vías legales y seguras; una responsabilidad que recae sobre los países –incluida España- y que están eludiendo de manera flagrante.
El supuesto “efecto llamada” del que habla Zoido debería llamarse “efecto expulsión”, puesto que lo que en realidad ocurre es que miles de personas se ven arrojadas de sus hogares por conflictos y situaciones de miseria en las que los países europeos tienen parte de responsabilidad, por acción o por omisión. El mundo ha alcanzado el vergonzoso número de más de 65 millones de personas expulsadas de sus casas, sin que los Estados sean capaces de proteger a las personas. Al rescatar a personas en el Mediterráneo las ONG están asumiendo una responsabilidad que, en realidad, corresponde a los gobiernos.
En tal contexto, es necesario recordar que el deber de auxilio está contemplado en múltiples instrumentos internacionales e incluso en la Constitución española. No cumplir con él puede suponer un delito. Zoido, como magistrado, debería ser consciente de ello.
¿Código de conducta para quién?
Las declaraciones del ministro del Interior se producen tras la intención de Italia de crear un código de conducta aplicable a las ONG, que supondría que su actuación quedara en manos de las policías costeras de Italia y Libia –un país cuya violación de derechos humanos es permanente. En un momento en el que los países europeos construyen muros y vallas, colocan concertinas, expulsan ilegalmente a las personas, llevan a cabo expulsiones en caliente y legislan criminalizando a quienes son víctimas, cabe preguntarse quién necesita un código de conducta.
Afirma Zoido que hay que actuar en los países de origen para contener la migración. Difícilmente puede hacerse cuando la cooperación –política pública que más contribuye a ello- se ha recortado hasta dejarla en mínimos históricos sin capacidad de contribuir sustancialmente. Difícilmente sobre todo cuando los escasos fondos con los que cuenta son destinados a militarizar fronteras e impedir el ejercicio del libre derecho al movimiento. Difícilmente cuando se incumplen acuerdos internacionales de comercio de armas.
Las declaraciones del ministro del Interior atentan directamente contra quienes protegen la vida; atentan, principalmente contra las miles de personas (más de 2.000 solo en este año) que han muerto en el Mediterráneo. Las personas muertas y sus familias merecen un respeto.
Fuente: Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo – España
