En el día en el que da inicio el debate de investidura del Presidente del Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Solidaridad, como coordinadora que agrupa a organizaciones cuyos principios se basan en la solidaridad y en los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda decepción y nuestro rechazo al Acuerdo de Gobierno que firmaron el Partido Popular y Vox el 22 de abril, por las medidas discriminatorias y contrarias a la solidaridad que contiene.
Nos hallamos ante un pacto que responde a una estrategia que va más allá de nuestra Comunidad Autónoma, algunas medidas son redacciones casi calcadas del Acuerdo de Gobierno para Extremadura, y entre éstas, políticas sociales como las relacionadas con la migración y con la cooperación al desarrollo. En este sentido, reiteramos la afirmación de la Coordinadora Extremeña de ONGD: “las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica”.
Varias medidas del pacto tienen como diana a las organizaciones de la sociedad civil y a la solidaridad ciudadana. Las ONG nos guiamos por principios de derechos humanos, que se reconocen a todas las personas por el hecho de ser personas, más allá de cualquier cuestión identitaria o de su situación administrativa.
Amenazar con no acceder a fondos públicos a las organizaciones que atiendan a quien lo necesite más allá de su situación administrativa, es un chantaje inaceptable, pero también es un riesgo para la sociedad entera. Por un lado porque las organizaciones llenan vacíos a los que no alcanza el propio Gobierno de Aragón en materia de protección social, atención a los mayores, apoyo en emergencias… Por otra parte, ¿qué sociedad pretende crear el nuevo Gobierno de Aragón si le obliga a mirar hacia otro lado ante las necesidades ajenas según quien sea la persona?: No es una sociedad mejor aquella que niega la solidaridad y el ejercicio de derechos a quienes no tienen un permiso de residencia en vigor.
Atender, acoger y orientar a personas es un acto de humanidad y una obligación en materia de derechos humanos. En ningún caso debe confundirse con las mafias de tráfico de personas, frente a las cuales las ONG trabajan precisamente apoyando a sus víctimas. Sin embargo, el Acuerdo introduce de forma (mal) intencionada esta confusión, del mismo modo que insiste en vincular la migración -y en concreto a los niños, niñas y adolescentes no acompañados- con la inseguridad ciudadana. Es inaceptable que el Acuerdo que guiará el futuro gobierno contenga discursos que buscan generar miedo hacia una parte de los habitantes de Aragón.
En las medidas acordadas, ni quieren que intervenga la sociedad organizada, ni que las personas sin permiso de residencia en vigor accedan a las prestaciones y servicios sociales estructurales, limitándolo únicamente a situaciones “de urgencia vital”, ¿con qué objetivo, el de aumentar las bolsas de pobreza y la desigualdad en Aragón?
Percibimos ese mismo objetivo en el ámbito internacional, donde rechazan la cooperación al desarrollo, instrumento clave para luchar contra la pobreza y desigualdad globales. En este ámbito la medida que propone el Gobierno de Aragón es prácticamente igual a la acordada para el Gobierno de Extremadura, no da lugar a sorpresa, pero sí a una gran decepción con el Partido Popular.
El Partido Popular firmó el Pacto aragonés por la cooperación al desarrollo en el año 2018; aprobó la Ley de cooperación estatal en 2021; y hace tan solo unos meses, en la propuesta pública de los presupuestos no aprobados de 2026, proponía una recuperación de los fondos recortados por su gobierno en 2024. Ese mismo recorte del 76% del que ahora saca pecho en el Acuerdo de Gobierno.
Como denunciamos en su momento, se trató de un recorte despiadado que pretendía romper los procesos de desarrollo sostenible construidos desde hace años con apoyo aragonés y que buscaba eliminar cualquier posibilidad de una solidaridad internacional con bases firmes, dejando apenas unas migajas de caridad.
Parece que esta va a seguir siendo la tónica según se infiere del Acuerdo, de nuevo lo suficientemente ambiguo con la expresión de “el mínimo imprescindible para cumplir las competencias y obligaciones derivadas del marco legal vigente”.
Por si acaso, recordamos al nuevo Gobierno de Aragón que la Ley de cooperación estatal (1/2023) hace extensivo a las autonomías el compromiso del 0,7%; que el Estatuto de Autonomía de Aragón establece dentro de su competencias la cooperación para el desarrollo “en expresión de la solidaridad de la sociedad aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos”; y que la Ley aragonesa de cooperación (10/2000) fija como horizonte el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU de destinar el 0,7%.
También en esta medida, los firmantes del pacto juegan intencionadamente a crear dudas del destino de los fondos de cooperación al desarrollo. Lo decimos alto y claro: las ONG llevamos décadas justificando y garantizando que todo euro público destinado al exterior ha ido al fin social que se consignó. Y así continuaremos haciéndolo.
Recordamos al futuro Gobierno que su función es trabajar por el bien común y que ello exige impulsar con decisión políticas que garanticen que todas las personas, todas sin excepción, puedan vivir con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos.
Algo que en Aragón entendieron hace décadas la ciudadanía y las administraciones: no importa el tamaño de una población, sino el compromiso y la solidaridad ciudadana, pues desde cualquier lugar se pueden hacer acciones que contribuyan a un mundo mejor.
Acciones que son imprescindibles en un mundo como el actual, en el que, desde 2019, descienden los niveles de desarrollo humano y aumentan la pobreza extrema, el hambre, las guerras y la desigualdad. En este escenario, la cooperación al desarrollo no solo contribuye a mejorar la vida de las personas, además construye estabilidad, paz y democracia, tan necesarias en el mundo en que vivimos.
Y así, desde la víspera de San Jorge, seguimos preguntándonos ¿qué gobernantes son aquellos que quieren poner freno a la solidaridad ciudadana y que olvidan gobernar para todas las personas?