La FAS denuncia la supresión de este convenio y la desaparición de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, un espacio que ha sido fundamental para conectar a la comunidad universitaria, las ONGD y la ciudadanía aragonesa en torno a la cooperación internacional, la acción humanitaria de emergencia y la Educación para la Ciudadanía Global. Durante 18 años, la Cátedra ha actuado como un punto de encuentro imprescindible entre la Universidad y las organizaciones sociales, facilitando la formación y sensibilización del alumnado, impulsando acciones de investigación y dando visibilidad al trabajo que las ONGD aragonesas desarrollan tanto en países del Sur Global como en el propio territorio aragonés.
La desaparición de este convenio supone un retroceso en la colaboración entre instituciones públicas, universidad y sociedad civil organizada. Con esta decisión, Aragón pierde una herramienta clave e imprescindible para acercar la cooperación al desarrollo, los derechos humanos, la justicia global y la solidaridad internacional al ámbito universitario, debilitando además un espacio de trabajo conjunto que contribuye a formar una ciudadanía crítica, comprometida y consciente de los grandes retos globales.

¿Qué es y qué hace la Cátedra de Cooperación al Desarrollo para merecer semejante trato?
La Cátedra de Cooperación al Desarrollo nació en 2008, fruto de un acuerdo entre la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad, que bebía de un trabajo previo que desde el año 2000 había permitido impartir un Curso Básico de Cooperación al Desarrollo, apoyar ayudas a la investigación en este ámbito y realizar labores de sensibilización tanto al interior de la comunidad universitaria como para la sociedad en general.
La creación de la Cátedra permitió ampliar esta base e involucrar a más profesorado, estudiantes y ONGD en tres líneas de trabajo:

• La sensibilización crítica y la amplitud del conocimiento global de la comunidad universitaria, con conferencias de expertos y expertas, como la de Manfred Max-Neef, ganador del Right Livelihood Award (el considerado Premio Nobel Alternativo), con certámenes artísticos o las semanas de cooperación en la Universidad de Zaragoza que acercan la realidad del Sur Global y el trabajo de las ONGD a todos los centros universitarios aragoneses.
• La investigación y el análisis crítico dentro de estudios académicos de desarrollo y cooperación. La Cátedra ha impulsado investigaciones; ha organizado jornadas y foros de debate; ha incentivado la realización de Trabajos Fin de Grado y de Máster sobre cooperación; fue socia fundadora de la Red Española de Estudios de Desarrollo, en coordinación con la cual creó la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, de relevancia académica y científica (actualmente sostenida por la Diputación Provincial de Zaragoza tras el brutal recorte de la anterior legislatura); y organizó el III Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo.
• La formación de calidad, que fue evolucionando, desde aquel Curso Básico inicial, con diversos cursos de especialización y dos Diplomas, hasta consolidarse a partir del curso 2016-2017 en el Máster de Cooperación para el Desarrollo, impartido por personal académico y expertos de diferentes universidades. Por las nueve ediciones del Máster han pasado más de 150 estudiantes de diferentes disciplinas, que han tenido la posibilidad de hacer prácticas en países del Sur Global. Además se ha formado a estudiantes que realizan prácticas o estancias universitarias en otros países.

Que el Gobierno de Aragón haya puesto el foco en esta Cátedra, para la que apenas destinaba 30.000 euros, no se debe a una evaluación real de los logros académicos y la contribución social de la Cátedra en el ámbito universitario. Forma parte de la estrategia reaccionaria para destruir una política pública con una tradición de 30 años en el Gobierno de Aragón, la de cooperación al desarrollo, «caiga quien caiga» y sobre todo, utilizando argumentos demagógicos sin base económica ni social real.
El Gobierno de Aragón apenas destina un 0,02% de su presupuesto prorrogado a la solidaridad internacional. Sin embargo pone el foco en esa ínfima parte como la cantidad necesaria para resolver los problemas sociales de Aragón, obviando cómo se prioriza el 99,98% del presupuesto. Tal vez por eso el primer ataque de la Consejería haya sido a una Cátedra universitaria. Su demagogia presupuestaria no supera ningún análisis crítico.

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo es una herramienta aragonesa de formación, investigación, sensibilización y compromiso con los derechos humanos. Suprimirla supone debilitar la universidad pública, empobrecer el debate social y romper un puente necesario entre Aragón y las realidades del Sur Global.
Por ello, y frente a la decisión unilateral del Gobierno de Aragón de hacerla desaparecer, afirmamos el compromiso de la Federación Aragonesa de Solidaridad con la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo y nuestra voluntad de seguir construyendo solidaridad y educación crítica junto a la Universidad de Zaragoza y las administraciones públicas.
Y exigimos al Gobierno de Aragón que rectifique esta decisión injustificada, que respete los espacios de colaboración institucional construidos durante años y que deje de utilizar la cooperación al desarrollo como objeto de confrontación política.

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En el día en el que da inicio el debate de investidura del Presidente del Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Solidaridad, como coordinadora que agrupa a organizaciones cuyos principios se basan en la solidaridad y en los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda decepción y nuestro rechazo al Acuerdo de Gobierno que firmaron el Partido Popular y Vox el 22 de abril, por las medidas discriminatorias y contrarias a la solidaridad que contiene.

Nos hallamos ante un pacto que responde a una estrategia que va más allá de nuestra Comunidad Autónoma, algunas medidas son redacciones casi calcadas del Acuerdo de Gobierno para Extremadura, y entre éstas, políticas sociales como las relacionadas con la migración y con la cooperación al desarrollo. En este sentido, reiteramos la afirmación de la Coordinadora Extremeña de ONGD: “las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica”.

Varias medidas del pacto tienen como diana a las organizaciones de la sociedad civil y a la solidaridad ciudadana. Las ONG nos guiamos por principios de derechos humanos, que se reconocen a todas las personas por el hecho de ser personas, más allá de cualquier cuestión identitaria o de su situación administrativa.
Amenazar con no acceder a fondos públicos a las organizaciones que atiendan a quien lo necesite más allá de su situación administrativa, es un chantaje inaceptable, pero también es un riesgo para la sociedad entera. Por un lado porque las organizaciones llenan vacíos a los que no alcanza el propio Gobierno de Aragón en materia de protección social, atención a los mayores, apoyo en emergencias… Por otra parte, ¿qué sociedad pretende crear el nuevo Gobierno de Aragón si le obliga a mirar hacia otro lado ante las necesidades ajenas según quien sea la persona?: No es una sociedad mejor aquella que niega la solidaridad y el ejercicio de derechos a quienes no tienen un permiso de residencia en vigor.
Atender, acoger y orientar a personas es un acto de humanidad y una obligación en materia de derechos humanos. En ningún caso debe confundirse con las mafias de tráfico de personas, frente a las cuales las ONG trabajan precisamente apoyando a sus víctimas. Sin embargo, el Acuerdo introduce de forma (mal) intencionada esta confusión, del mismo modo que insiste en vincular la migración -y en concreto a los niños, niñas y adolescentes no acompañados- con la inseguridad ciudadana. Es inaceptable que el Acuerdo que guiará el futuro gobierno contenga discursos que buscan generar miedo hacia una parte de los habitantes de Aragón.
En las medidas acordadas, ni quieren que intervenga la sociedad organizada, ni que las personas sin permiso de residencia en vigor accedan a las prestaciones y servicios sociales estructurales, limitándolo únicamente a situaciones “de urgencia vital”, ¿con qué objetivo, el de aumentar las bolsas de pobreza y la desigualdad en Aragón?

Percibimos ese mismo objetivo en el ámbito internacional, donde rechazan la cooperación al desarrollo, instrumento clave para luchar contra la pobreza y desigualdad globales. En este ámbito la medida que propone el Gobierno de Aragón es prácticamente igual a la acordada para el Gobierno de Extremadura, no da lugar a sorpresa, pero sí a una gran decepción con el Partido Popular.
El Partido Popular firmó el Pacto aragonés por la cooperación al desarrollo en el año 2018; aprobó la Ley de cooperación estatal en 2021; y hace tan solo unos meses, en la propuesta pública de los presupuestos no aprobados de 2026, proponía una recuperación de los fondos recortados por su gobierno en 2024. Ese mismo recorte del 76% del que ahora saca pecho en el Acuerdo de Gobierno.
Como denunciamos en su momento, se trató de un recorte despiadado que pretendía romper los procesos de desarrollo sostenible construidos desde hace años con apoyo aragonés y que buscaba eliminar cualquier posibilidad de una solidaridad internacional con bases firmes, dejando apenas unas migajas de caridad.
Parece que esta va a seguir siendo la tónica según se infiere del Acuerdo, de nuevo lo suficientemente ambiguo con la expresión de “el mínimo imprescindible para cumplir las competencias y obligaciones derivadas del marco legal vigente”.
Por si acaso, recordamos al nuevo Gobierno de Aragón que la Ley de cooperación estatal (1/2023) hace extensivo a las autonomías el compromiso del 0,7%; que el Estatuto de Autonomía de Aragón establece dentro de su competencias la cooperación para el desarrollo “en expresión de la solidaridad de la sociedad aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos”; y que la Ley aragonesa de cooperación (10/2000) fija como horizonte el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU de destinar el 0,7%.
También en esta medida, los firmantes del pacto juegan intencionadamente a crear dudas del destino de los fondos de cooperación al desarrollo. Lo decimos alto y claro: las ONG llevamos décadas justificando y garantizando que todo euro público destinado al exterior ha ido al fin social que se consignó. Y así continuaremos haciéndolo.

Recordamos al futuro Gobierno que su función es trabajar por el bien común y que ello exige impulsar con decisión políticas que garanticen que todas las personas, todas sin excepción, puedan vivir con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos.
Algo que en Aragón entendieron hace décadas la ciudadanía y las administraciones: no importa el tamaño de una población, sino el compromiso y la solidaridad ciudadana, pues desde cualquier lugar se pueden hacer acciones que contribuyan a un mundo mejor.
Acciones que son imprescindibles en un mundo como el actual, en el que, desde 2019, descienden los niveles de desarrollo humano y aumentan la pobreza extrema, el hambre, las guerras y la desigualdad. En este escenario, la cooperación al desarrollo no solo contribuye a mejorar la vida de las personas, además construye estabilidad, paz y democracia, tan necesarias en el mundo en que vivimos.

Y así, desde la víspera de San Jorge, seguimos preguntándonos ¿qué gobernantes son aquellos que quieren poner freno a la solidaridad ciudadana y que olvidan gobernar para todas las personas?

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Los últimos datos del CAD sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo confirman las peores predicciones. La subida al poder de Donald Trump empeoró la situación y 2025 supuso un cambio sísmico con una caída histórica de los fondos destinados a cooperación. En los últimos años algunos donantes clave, encabezados por EEUU, han cuestionado abiertamente esta política pública frente a sus intereses geoestratégicos. Todo ello ha puesto en riesgo el sistema global de ayuda y, con él, la vida de millones de personas.

Los recursos destinados a ámbitos esenciales como los derechos humanos, la salud, la educación, la igualdad, la seguridad alimentaria o la asistencia humanitaria para las poblaciones más vulnerables han caído de forma abrupta en un 23,1 %. Los países más ricos han destinado únicamente un 0,26 % de su RNB a la AOD, volviendo a niveles de hace décadas y alejándose aún más del compromiso histórico de alcanzar el 0,7 % (que, dadas las enormes necesidades actuales, ya es claramente insuficiente).

Las consecuencias de la interrupción de programas esenciales son graves y tienen un impacto directo en las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo; de hecho, ya existen estimaciones que denuncian la pérdida de multitud de vidas humanas.

Por otra parte, los datos del CAD muestran que cada vez son menos los fondos que se destinan a lugares con altos índices de pobreza. Tanto la ayuda a África subsahariana como a los países más pobres (países PMA) desciende más de un 25%, una decisión alarmante puesto que en muchos casos no cuentan con otras alternativas para garantizar necesidades básicas. Llama la atención que los recursos que reciben estos países son inferiores a los que recibió solamente Ucrania.

Europa, reducción abrupta

El descenso no solo se da del lado de Estados Unidos, Europa también es cómplice. Por tercer año consecutivo, las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido sus presupuestos para cooperación al desarrollo. Los fondos descendieron de manera general un 9,9%% respecto a 2024. De este modo, la media europea se sitúa en un 0,42%, cuando era del 0,47% en el año 2024 y del 0,52% en 2023. En estos momentos, solo cuatro países europeos (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia) cumplen o superan el 0,7% para cooperación.

La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD Europe) denuncia que las instituciones europeas y sus países miembros están reduciendo y desvirtuando la cooperación internacional alejándose de su propósito central y su valor esencial e insustituible. Actualmente están en curso las negociaciones sobre el presupuesto de la UE 2028-2034 y, por tanto, las cantidades que irán destinadas a cooperación internacional. Es fundamental que el Instrumento de Europa Global mantenga de forma clara los objetivos de desarrollo y que, al menos, el 90% de su presupuesto sea AOD y se refuerce la cooperación europea, cuando el mundo más la necesita.

¿En qué situación está España?

En el plano político, España ha impulsado y defendido su compromiso de alcanzar el 0,7%, como en la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (Sevilla, julio 2025), y en el Plan Sevilla. Aunque estás posiciones son muy positivas, no se han reflejado en los presupuestos: la AOD apenas alcanza el 0,27%, con un aumento leve que no supone el salto cualitativo que establece la propia Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, respaldada por la mayoría parlamentaria.

De hecho, España sigue, por debajo de la media europea (0,42%) y no avanza de forma significativa hacia el objetivo fijado por la Ley. A ello se suma la prórroga de los presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo, que dificulta cualquier progreso. En este contexto, La Coordinadora recuerda su propuesta presupuestaria, que plantea alcanzar el 0,4% en 2026 como un paso imprescindible para cumplir el compromiso legal adquirido.

¿En qué situación está Aragón?

En Aragón las políticas de desmantelamiento de la cooperación al desarrollo comenzaron en la anterior legislatura lideradas por el Ayuntamiento de Zaragoza que, desde el año 2020, ha reducido los fondos de cooperación en un 87%. En 2024 el Gobierno de Aragón dio un fuerte revés a la cooperación al desarrollo al reducir de golpe un 77% su Ayuda Oficial al Desarrollo, a lo que ha sumado la paralización de actuaciones legislativas y normativas. Pese al esfuerzo de otras administraciones como la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Teruel o medianos y pequeños ayuntamientos, el impacto ha sido brutal: los fondos totales que el conjunto de las administraciones públicas aragonesas destinaron a cooperación al desarrollo en 2024 y 2025 han sido los más bajos desde el año 2000.

Responsabilidad en un mundo complejo

Mientras el gasto militar crece como nunca antes, se debilitan las políticas que defienden los derechos humanos y la paz. Según datos de la Consejo Europeo, se estima que, en 2025, el gasto militar de los Estados miembros alcanzará los 381 000 millones de euros, lo que significa cinco veces más de lo aportado para cooperar. Como señala Matthew Simonds, de Eurodad, «Estos datos confirman una realidad cruda: los países ricos están emitiendo un cheque en blanco por la guerra mientras abandonan a las poblaciones más vulnerables del mundo. Priorizar una economía de guerra sobre una economía de cuidados hace que el mundo sea menos seguro para todas las personas”.

España, a nivel estatal, autonómico y local, tiene la oportunidad de marcar el camino y contribuir activamente a la construcción de un mundo justo y en paz.

La Federación Aragonesa de Solidaridad se une al llamamiento de la Coordinadora al Gobierno de España y a todas las fuerzas políticas a asumir de forma urgente una posición favorable a una cooperación -de calidad y suficiente- que atenúe de forma efectiva las graves crisis que afectan a millones de personas en todo el mundo. Las consecuencias humanas son enormes y no pueden esperar.

Y hace un llamamiento al próximo presidente del Gobierno de Aragón para que la cooperación al desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la paz sean líneas rojas en la negociación para la constitución del próximo Gobierno.

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¿Quieres saber qué política de cooperación al desarrollo proponen los partidos políticos para la próxima legislatura?

Hemos analizado los programas electorales de los 8 partidos políticos que tienen actualmente representación parlamentaria en las Cortes de Aragón para desgranar sus propuestas en materia de cooperación para el desarrollo, ciudadanía global, ayuda humanitaria, paz y derechos humanos.

Te las contamos en esta entrada con tres niveles de profundización:

• Nivel “de un vistazo”: te resumimos en un par de líneas por dónde van (o no van) sus propuestas.
• Nivel “lecturas escogidas”: todas las medidas con mirada global reunidas en un solo documento.
• Nivel “frikis de la política”: te enlazamos los 8 programas electorales.
  

Nivel 1. De un vistazo.

• Aragón Teruel Existe: se compromete a potenciar la solidaridad internacional y fomentar que los la inversión llegue al menos al 0,2%.
• Chunta Aragonesista: propone estrategias de transversalidad con el resto de políticas sociales, una nueva Ley de cooperación y aumentar el marco presupuestario. Pone foco sobre el comercio justo y las luchas palestina, saharaui y latinoamericanas.
• Izquierda Unida – Movimiento Sumar: recoge las siete propuestas de la FAS e incorpora otras nuevas como, por ejemplo, una Mesa Aragonesa de Educación para la Ciudadanía Global. Además profundiza con medidas sobre paz, derechos humanos y coherencia de políticas.
• Partido Aragonés: su programa no recoge un compromiso específico con la política de cooperación al desarrollo. Solo menciona la cooperación en relación a la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas en cualquier parte del mundo.
• Partido Popular: en su programa no dice NADA sobre cooperación al desarrollo. Y apenas propone una medida sobre cultura de paz.
• Partido Socialista: propone la reforma de la Ley de cooperación, avanzar hacia el 0,7%, alinear las políticas con la agenda 2030 y potenciar la Educación para la Ciudadanía Global. Introduce la visión de la cooperación directa y el codesarrollo y enfatiza la participación de las ONGD.
• Podemos – Alianza Verde: asume cuatro compromisos: aumento de los fondos con el horizonte del 0,7%, fomentar la Educación para la Ciudadanía Global, aumentar los fondos a cooperación sanitaria y una nueva Ley de cooperación.
• Vox: eliminará los fondos para cooperación al desarrollo y prohibirá la entrada de las organizaciones de la sociedad civil en los centros educativos.

Nivel 2. Lecturas escogidas.

Hemos extraído las medidas políticas con mirada global de cada uno de los 8 partidos y te las hemos resumido en un solo documento. Cinco páginas para leer con el café de la mañana o el té de la tarde.

Descárgalo aquí.

Nivel 3. Frikis de la política.

Para que no pierdas el tiempo buceando en internet, te enlazamos los 8 programas electorales completos. Los compromisos de los partidos aragoneses para los próximos cuatro años a un solo clic de la descarga. Para que conozcas y saques tus propias conclusiones.

Aragón Teruel Existe
Chunta Aragonesista
Izquierda Unida – Movimiento Sumar
Partido Aragonés
Partido Popular
Partido Socialista
Podemos – Alianza Verde
Vox

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La Federación Aragonesa de Solidaridad hemos hecho llegar a partidos políticos y coaliciones electorales nuestras peticiones: siete propuestas encaminadas a afianzar el compromiso de Aragón con la búsqueda de soluciones a los retos globales.

Como parte de un mundo globalizado, las Cortes y el Gobierno de Aragón han de contribuir a la búsqueda de soluciones ante el aumento de la desigualdad, del hambre, la vulneración de los derechos y las vidas de mujeres y niñas, la violación de derechos humanos, la emergencia climática, la violencia y los conflictos armados.

Las siete propuestas que hemos trasladado a los partidos políticos son:

• Una nueva ley aragonesa de cooperación para el desarrollo que afiance y blinde la política pública de cooperación para el desarrollo del Gobierno de Aragón y se adapte a los nuevos retos globales.
• Una hoja de ruta hacia el 0,7% en 2030, comenzando por la recuperación de los fondos recortados hasta ahora.
• Una estrategia aragonesa de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible que incorpore en las políticas públicas el reto de afrontar los desafíos actuales y cercanos, el compromiso con las futuras generaciones y el planeta, y el impacto de las acciones propias en otras sociedades.
• Fortalecer la II Estrategia aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 2024-2030, encaminada a generar una ciudadanía global, crítica y activa que esté comprometida en promover un mundo más justo, sostenible y equitativo.
• El desarrollo normativo de instrumentos adecuados para una cooperación al desarrollo de calidad, como un nuevo reglamento de subvenciones o el impulso de un Fondo aragonés de Solidaridad y Cooperación.
• Incluir los productos de Comercio Justo en las compras públicas y en los pliegos de las contrataciones de bienes y servicios del Gobierno de Aragón.
• Una respuesta solidaria, ágil y coordinada ante las catástrofes humanitarias e informar a la sociedad aragonesa de las vías de colaboración ante las emergencias humanitarias y los conflictos olvidados.

Puedes descargar aquí el documento completo que hemos hecho llegar a los partidos políticos aragoneses.

La entrada Elecciones en Aragón 2026. ¿Qué pedimos a los partidos? se publicó primero en Federación Aragonesa de Solidaridad.

En el marco de las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero de 2026, la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) organiza un encuentro público con los partidos políticos candidatos para abrir un espacio de diálogo plural sobre el papel de la cooperación al desarrollo y la acción internacional en la próxima legislatura.

Bajo el título “Aragón ante los retos globales”, el encuentro pretende poner en el centro del debate cuestiones clave como la solidaridad, la paz, la cooperación internacional, los derechos humanos y el compromiso político frente a los desafíos globales actuales. Durante el acto, los distintos partidos compartirán qué lugar ocupan estos temas en sus programas electorales y qué propuestas concretas plantean para los próximos años desde las instituciones aragonesas.

El encuentro estará moderado por Juanjo Hernández, y se desarrollará en un formato ágil que facilitará la exposición de propuestas y el contraste de posiciones.

Información práctica

📅 Fecha: 28 de enero de 2026
🕡 Hora: 19:00 h
📍 Lugar: Centro Joaquín Roncal (Zaragoza)

Desde la FAS invitamos a entidades sociales, medios de comunicación y ciudadanía interesada a asistir a este espacio de diálogo, reflexión y contraste, clave para situar la cooperación al desarrollo y la justicia global en la agenda política de Aragón.

Participantes en la mesa redonda (por orden alfabético del partido):

• Chunta Aragonesista, Adrián Tello
  Alcalde de La Muela. Nº 5 en la candidatura por Zaragoza.
• Coalición Existe, Raúl Burillo
  Nº 1 en la candidatura por Zaragoza.
• Izquierda Unida – Movimiento Sumar, Nerea Marín
  Diputada DPZ. Nº 5 en la candidatura por Zaragoza.
• Partido Aragonés: Eva Fortea
  Miembro de la Comisión Ejecutiva.
• Partido Popular, Susana Gaspar
  Diputada en Cortes de Aragón. Nº 14 en la candidatura por Zaragoza.
• Partido Socialista: Jorge Pastor
  Nº 6 en la candidatura por Zaragoza.
• Podemos-Alianza Verde: Tomás Aragón Pérez
  Nº 28 en la candidatura por Zaragoza.

Puedes consultar lo que pedimos desde la FAS a los partidos políticos aquí.

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Los sucesos de los últimos años en Ucrania, Palestina y ahora Venezuela, entre otros, confirman un deterioro grave del orden multilateral y refuerzan una lógica de la fuerza incompatible con la Carta de Naciones Unidas.

La Coordinadora reclama al Gobierno de España y a la Unión Europea una posición clara y activa en defensa de la legalidad internacional y del orden multilateral. Demanda también su implicación activa en la construcción de paz al servicio de la protección de la población civil y en una salida pacífica y democrática construida por la sociedad venezolana.

Las organizaciones que quieran sumarse a este comunicado pueden hacerlo a través de este formulario.

La FAS expresa su condena categórica a la agresión militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro; este hecho constituye una violación del derecho internacional y una injerencia inadmisible en los asuntos internos de un país soberano. Es especialmente grave la intención de «tutelar» Venezuela y administrar una transición política, así como la amenaza de un uso masivo de la fuerza para obtener fondos y recursos dirigidos a empresas estadounidenses.

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela amenaza la paz global y hace que el mundo sea menos seguro. Esta agresión da luz verde a cualquier nación del mundo que desee atacar a otro país para apropiarse de sus recursos o cambiar sus gobiernos. Es misma la lógica de la fuerza que Rusia ha utilizado para justificar su invasión de Ucrania. Es la lógica de la impunidad que ha permitido a Israel cometer un genocidio sin sanciones ni consecuencias. ​​Es, en última instancia, la lógica del control y el expolio mediante la cual las potencias del Norte global siguen imponiéndose sobre el Sur global, privándolo de la soberanía sobre sus propios recursos.

El control de los recursos como objetivo

La FAS alerta de que esta agresión no puede entenderse al margen de los intereses económicos y estratégicos que la impulsan. La violación del derecho internacional se ha realizado desde una lógica de apropiación de recursos y control económico, especialmente sobre las reservas energéticas de Venezuela. Esta forma de actuación amenaza con instaurar formas de tutela y expolio propias de un protectorado económico incompatible con los principios de soberanía, justicia social y desarrollo sostenible.

Venezuela atraviesa un prolongado deterioro democrático: las autoridades han limitado el espacio de la sociedad civil. Más de 20 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a bienes, servicios y derechos esenciales. En este contexto, cerca de ocho millones de personas han salido del país. Nada de ello justifica la intervención armada ni una tutela externa de Estados Unidos sobre Venezuela. La única salida legítima y sostenible debe ser construida por los propios venezolanos y venezolanas, mediante mecanismos pacíficos y democráticos.

La ineludible defensa del multilateralismo 

La violación del derecho internacional no es un asunto técnico: es el cimiento que separa el orden multilateral de la ley del más fuerte. Cuando se desmantelan las reglas, se multiplican los autoritarismos, se estrecha el espacio cívico y se alimentan dinámicas de militarización, conflictos y expolio. La sociedad civil, los gobiernos democráticos y la comunidad internacional necesitan hoy más que nunca organizarse, cooperar y fortalecer el derecho internacional para sostener una agenda de paz, la democracia y los derechos humanos.

La Coordinadora advierte de que es urgente actuar con responsabilidad y respeto a la legalidad internacional como vía para encauzar las situación hacia un contexto coherente con la legalidad internacional, proteger a la población civil  y reforzar el diálogo democrático.

Insta a la comunidad internacional, el Gobierno de España y la Unión Europea a:

1. Que exijan a los Estados Unidos de América el cese inmediato de cualquier acción militar, amenaza o injerencia externa que vulnere la soberanía de Venezuela y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
2. Que demanden la garantía del respeto al principio de soberanía permanente de Venezuela sobre sus recursos naturales, evitando cualquier forma de apropiación, control o tutela externa contraria al derecho internacional; debe asegurarse que su gestión responde exclusivamente a las decisiones soberanas del pueblo venezolano.
3. Que promuevan una resolución pacífica del conflicto, garantizando el respeto a los derechos humanos, la cobertura de las necesidades humanitarias existentes y la participación de la sociedad civil venezolana en la toma de decisiones de forma que se supere la crisis actual en el marco del respeto a la democracia y la legislación internacional. 
4. Que defiendan una posición clara y activa en defensa de la legalidad internacional, promoviendo iniciativas diplomáticas y multilaterales que contribuyan a la desescalada de la actual situación, la rendición de cuentas y la construcción de paz.

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Coincidiendo con la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas que ha tenido lugar del 30 de junio al 3 de julio en Sevilla, la Federación Aragonesa de Solidaridad ha pedido al Gobierno de Aragón un compromiso con la cooperación al desarrollo para financiar un futuro justo, sostenible e inclusivo.

En la sesión inaugural de la Conferencia de Sevilla el Secretario General de Naciones Unidas recordó que gracias a décadas de cooperación internacional se han logrado avances en la reducción de la pobreza, la mejora en la atención sanitaria, un mayor acceso a la educación y los derechos de las mujeres. Sin embargo, ha advertido que estos logros están en peligro, entre otros, por el recorte a los presupuestos de la ayuda. Según sus propias palabras: “la financiación es el motor del desarrollo y, ahora mismo, ese motor se está ahogando”.

No es aceptable ceder ante las presiones de quienes cuestionan la solidaridad, el multilateralismo o el derecho a una vida digna a millones de personas.

Por ello, a la par que en Sevilla líderes mundiales abordan cómo movilizar los recursos necesarios para dar respuesta a los retos globales del desarrollo, la Federación Aragonesa de Solidaridad ha apremiado al Gobierno de Aragón para que sea parte de la respuesta global. Y lo ha hecho enviando sendas cartas a la Consejera de Bienestar Social y Familia y al Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en las que reclama una financiación del desarrollo que responda al potencial de nuestra Comunidad Autónoma.

Porque podemos construir un futuro de dignidad, derechos y paz y Aragón debe estar en ese esfuerzo colectivo.

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Debemos ser conscientes que detrás de cada ONGD hay personas: nuestros vecinos, familiares, amigas. Es gente común, como tú y como yo, que un día decidió que no podía quedarse de brazos cruzados ante los grandes problemas del mundo. Con esfuerzo, profesionalidad y pasión, estas organizaciones transforman pequeños «granitos de arena» en montañas de cambio, construyendo un futuro más justo y equitativo para todos.

PARA CADA BULO TE CONTAMOS LO QUE PASA REALMENTE CON UN EJEMPLO DIRECTO (PINCHA EN LAS IMÁGENES):

Os recomendamos nuestro Informe del Sector de las ONGD de Aragón, una radiografía de la cooperación aragonesa a partir de 50 ONGD de la FAS

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La decisión se tomó después de que la policía militar reprimiera violentamente una manifestación pacífica que protestaba en contra de un desalojo inminente que afectaría a 300 familias campesinas

Estos días, además, se han producido detenciones de defensoras y defensores de derechos humanos

Desde 2022, está vigente el régimen de excepción que ha suspendido derechos constitucionales en una supuesta estrategia de seguridad que ha dejado a su paso la detención de 85.000 personas (el 2,5% de la población adulta del país), sin un debido proceso

El Salvador vive una época muy compleja en la que, con la excusa de la seguridad, se multiplican las violaciones de los derechos humanos. Desde que, en 2022, Nayib Bukele decretara el régimen de excepción, se han documentado unas 7.000 violaciones de derechos humanos relacionadas con detenciones arbitrarias, límites a la libertad de expresión, de asociación y de prensa. El Gobierno ha concentrado el poder, ha debilitado instituciones independientes y cerrado el espacio para la participación ciudadana. El Salvador no cuenta con ninguna institución estatal independiente que garantice la protección ante abusos policiales o la criminalización de la sociedad civil.

La policía militar reprimió violentamente una manifestación pacífica que protestaba en contra de un desalojo inminente de 300 familias campesinas

La estigmatización y criminalización ejercidas por el Estado en contra de personas organizadas para defender sus derechos o denunciar actos de corrupción constituyen un patrón generalizado y en aumento en El Salvador. Esta situación afecta especialmente a líderes de las comunidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, periodistas y profesionales de la abogacía.

Medidas muy preocupantes

El pasado 13 de mayo, el Estado salvadoreño agredió y detuvo a familias campesinas que se manifestaban pacíficamente ante el riesgo de desalojo de sus tierras. En el marco de esa acción, campesinos y campesinas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que daban cobertura a la manifestación fueron agredidos. El líder comunitario Jose Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez fueron capturados. Por su parte, el 18 de mayo, Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización salvadoreña Cristosal, también fue detenida en su domicilio, y todavía se desconoce su paradero.

Estos son actos que no solo buscan silenciar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, sino que también va en contra de los principios democráticos y del resto de los derechos humanos. Una situación que deja clara evidencia del empeoramiento del cierre del espacio cívico en el país.

Tras este suceso, el presidente anunció en la red social X que presentará a la Asamblea Legislativa para aprobación una propuesta de Ley de Agentes Externos que incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que reciban las ONG. En este anuncio se vertían además acusaciones en las que se deslegitima las acciones pacíficas de protesta realizadas por la población y se señalaba a las ONG que acompañan de manera legítima a las comunidades. Esta decisión ha supuesto una voz de alerta para las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en El Salvador en la defensa de los derechos humanos. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se suma a esta preocupación y alerta sobre las graves consecuencias que puede tener una decisión de este tipo en un contexto ya extremadamente complejo. Rechaza categóricamente las acusaciones arrojadas contra las ONG a quienes el presidente tilda de “manipuladoras de la ciudadanía”.

Las organizaciones internacionales, al igual que las salvadoreñas, cumplen sus obligaciones administrativas y financieras según las leyes nacionales e internacionales. La Coordinadora recuerda que los actores de la cooperación internacional para el desarrollo están comprometidos con los criterios de eficacia y rendición de cuentas frente a donantes y a toda la ciudadanía.

Esta medida tendría un importante impacto para la ciudadanía salvadoreña, para sus organizaciones sociales y para la propia democracia de El Salvador

La cooperación internacional a través de la sociedad civil continúa aportando a la población en mayor condición de vulnerabilidad, y cubriendo parte de los deberes y obligaciones que el Estado salvadoreño no está asumiendo como garante de derechos.

Un peligroso control social

La Federación Aragonesa de Solidaridad advierte sobre el grave riesgo que la aprobación del anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros implica para la cooperación al desarrollo. Esta medida tendría un importante impacto para la ciudadanía salvadoreña, para sus organizaciones sociales y para la propia democracia de El Salvador. Puede llegar a suponer un punto de no retorno, en el que se institucionalice la persecución a las organizaciones sociales, y se avance hacia la desaparición de todo el tejido asociativo y crítico en el país.

Si la propuesta de ley se rigiese bajo los mismos parámetros del dictamen que se trató de aprobar en el año 2021, implicaría inseguridad jurídica ante la falta de claridad del sujeto “agente extranjero”; y la posible criminalización de lo que se entiende por “realizar actividades para fines políticos u otros”. Por otra parte, en cualquier momento cualquier organización, en el marco de la discrecionalidad de este nuevo anteproyecto de ley, podría ser criminalizada y obligada a cerrar operaciones en el país como ha sucedido en otros países con normativas similares.

Por todo ello, la Federación Aragonesa de Solidaridad solicita, de manera urgente:

• A la comunidad internacional a través de sus misiones diplomática acreditadas en El Salvador, en particular España, realizar las gestiones necesarias ante el Estado salvadoreño para detener la inminente aprobación de la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, incluyendo, si fuera necesario, la paralización de cualquier apoyo financiero o cooperación bilateral canalizada de forma directa a este Estado.
• A las instituciones y autoridades públicas responsables de garantizar los derechos humanos en El Salvador:
• Garantizar el respeto a los derechos y al debido proceso del líder comunitario José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez, de la representante de la sociedad civil Ruth López y de todas aquellas personas que, en el ejercicio de su derecho a defender derechos, han sido judicializadas.
• Asegurar el ejercicio pleno del derecho a la asociación, la libertad de expresión y la protesta pacífica, de acuerdo a los principios democráticos y los tratados internacionales de derechos humanos.

Comunicado de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, de la cual la FAS es miembro.

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