Ante el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la extensión de las agresiones en Líbano y otros países de Oriente Próximo, la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) expresa su absoluta preocupación y firme rechazo a la ofensiva y a la creciente escalada regional.

La FAS llama de forma urgente a la comunidad internacional y a todos los actores involucrados para que cesen inmediatamente las hostilidades, respeten el Derecho Internacional, garanticen la protección de la población civil y apuesten decididamente por la paz a través de todas las vías diplomáticas disponibles.

En un momento en el que aumentan los conflictos y las tensiones geopolíticas en todo el mundo, el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos deben respetarse siempre y por todas las partes, sin dobles raseros. Es fundamental defender las normas internacionales recogidas en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, que establecen principios básicos como el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza. Estas normas no son opcionales: existen para proteger a las personas y evitar escaladas como la que actualmente se vive en Oriente Próximo.

El Derecho Internacional ofrece mecanismos para abordar cuestiones graves —como las amenazas a la seguridad, la delincuencia transnacional o las controversias relacionadas con la energía nuclear— mediante mecanismos multilaterales, investigaciones independientes y procesos en los tribunales competentes. Estas herramientas deben utilizarse. La escalada militar nunca puede sustituir al derecho, la diplomacia ni a la rendición de cuentas.

Una escalada con consecuencias globales

La creciente deriva beligerante y el aumento sin precedentes del gasto militar solo aumentarán la inseguridad global. Además, si la crisis energética derivada del conflicto se prolonga y continúa la subida exponencial de precios, las consecuencias económicas serán enormes para las condiciones y medios de vida en todo el planeta; y afectarán de forma alarmante a las poblaciones más vulnerables.

Las vidas de cientos de millones de personas en la región están en riesgo y la crisis humanitaria puede agravarse significativamente

La dimensión medioambiental del conflicto también resulta alarmante. El ataque a estructuras de energía nuclear en Irán podría provocar un accidente nuclear de gran alcance, como ha advertido el Organismo Internacional de Energía Atómica. De hecho, los ataques a instalaciones petroleras civiles ya han provocado episodios de lluvia ácida sobre Teherán.

Grave impacto humanitario

Las vidas de cientos de millones de personas en la región están en riesgo y la crisis humanitaria puede agravarse significativamente, profundizando las desigualdades, la pobreza y los desplazamientos forzosos que ya afectan a gran parte de la población civil de la zona, especialmente en Líbano y Palestina.

Niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas desplazadas son quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de la violencia.

En Irán, más de 1.300 personas han muerto y otras 17.000 han resultado heridas como consecuencia de los ataques. Entre los hechos más graves destaca el bombardeo de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab (sur de Irán), donde 170 personas —entre ellas niñas y personal docente— fueron asesinadas.

En Líbano, los ataques de Israel han provocado el desplazamiento forzoso de más de 800.000 personas, además de 634 personas asesinadas y más de 1.500 heridas. El impacto en la población civil también se extiende a otros países de la región, con cientos de personas heridas y decenas fallecidas. Recordamos que en estos contextos niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas desplazadas son quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de la violencia.

Prioridad: desescalar y proteger a la población civil

La prioridad inmediata debe ser la desescalada, el cese de hostilidades y la protección efectiva de la población civil, mediante las vías diplomáticas. Todos los actores deben abstenerse de adoptar medidas que intensifiquen la violencia, agraven la inestabilidad o incrementen el sufrimiento humano.

Escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles no pueden ser objetivo de ataques. Es imprescindible garantizar el acceso humanitario y la protección de quienes trabajan en primera línea de la respuesta humanitaria, en muchos casos pesronas de organizaciones locales de la sociedad civil.

La comunidad internacional debe utilizar los mecanismos existentes para solucionar las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales.

Nada justifica una intervención armada unilateral

Es innegable que el régimen iraní presenta graves déficits democráticos y vulneraciones de derechos humanos, especialmente en materia de igualdad de género. En los últimos meses se ha producido además una dura represión de las protestas ciudadanas, con homicidios ilegítimos masivos denunciados por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.

Nada de ello justifica una intervención armada unilateral por parte de Estados Unidos e Israel. La comunidad internacional debe utilizar los mecanismos existentes —con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la cabeza— para solucionar las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales.

Llamamiento a la comunidad internacional, al gobierno español y a la sociedad

Por todo ello y abrazando el clamor de la sociedad civil de diferentes lugares del mundo, la FAS se suma a la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y hace un llamamiento a:

• Todas las partes implicadas en la escalada militar y a los actores con influencia, a que cesen inmediatamente las hostilidades, respeten plenamente el Derecho Internacional —incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución—, se abstengan de nuevos ataques y demuestren su liderazgo para rebajar la tensión y encontrar una vía hacia la paz a través de la diplomacia.
• Todos los Estados, especialmente el Gobierno de España, a que respeten de forma estricta la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos de forma coherente y sin doble rasero, prioricen la protección de la población civil, impulsen alianzas internacionales alineadas con el desarme nuclear y apoyen con urgencia los esfuerzos diplomáticos para el cese de hostilidades y la paz.
• Asimismo, insta al Estado, al Gobierno español y a las fuerzas políticas a cumplir las demandas recogidas en la proposición no de ley aprobada en el Congreso en 2024 sobre Palestina: alto el fuego permanente, acceso humanitario suficiente y sostenido, respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, fin del comercio de armas con Israel y promoción de una solución negociada. También solicitamos la ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).
• Las y los profesionales del periodismo, en un momento particularmente complejo, deben asegurar su compromiso firme con un periodismo informado y de paz, que defienda el Derecho Internacional y evite reproducir acríticamente narrativas que justifican la guerra (países amenazantes, ataques preventivos, etc.). Deben contribuir a la desescalada de los conflictos armados y a la prevención de la violencia, buscando todos los recursos y apoyos necesarios.
• La sociedad civil, debe contrastar la información en un contexto marcado por la desinformación y los discursos beligerantes; debe ser crítica para no aceptar la guerra como única salida y ser sujeto activo en la promoción de la diplomacia, la paz y la cohesión social. En un momento tan complejo, es necesario que participe activamente en movilizaciones en defensa de la paz y la justicia global.

Ver comunicado de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

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La responsabilidad de la comunidad internacional

Organizaciones internacionales y Naciones Unidas están demandando una respuesta firme por parte de la comunidad internacional que garantice:

• La asistencia humanitaria de forma segura, suficiente y constante.
• El fin de los ataques contra la población civil y de los abusos a mujeres, niños y niñas. Los derechos humanos deben garantizarse.
• El inicio de investigaciones por parte de los tribunales internacionales competentes sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos.
• La firma de acuerdos de paz que inicien el camino de la reparación, la justicia y la memoria.
• El protagonismo de la población civil y las comunidades en los procesos de construcción de paz; el apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos y a organizaciones locales que trabajan en defensa de la convivencia y la paz.

Una crisis humanitaria devastadora

Desde abril de 2023 Sudán vive sumida en una guerra civil entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las fuerzas armadas del país en el gobierno, desde que dieron un golpe de estado en 2021.

El conflicto se ha cobrado alrededor de 150.000 vidas, ha obligado a huir a 13 millones de personas, casi 71.000 solo en los últimos días, y ha llevado a que Naciones Unidas declare la hambruna: 25 millones de personas no tienen alimentos suficientes para sobrevivir, según datos de Naciones Unidas.

Las últimas semanas, Naciones Unidas ha alertado de un recrudecimiento de la violencia hacia la población civil y de la hambruna, hasta llegar a niveles extremos.

La crisis se agrava en Darfur del Norte, donde la intensificación de la violencia, el hambre y las enfermedades, está provocando la muerte de civiles y la huida de miles de personas. El pasado 28 de octubre, en la toma de la ciudad de El Fasher tras un duro asedio de más de 500 días, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) asaltaron el Hospital Materno Saudí donde asesinaron a más de 460 pacientes y acompañantes, y secuestraron a seis sanitarios. Casi 71.000 personas han huido de la ciudad y sus alrededores desde finales de octubre, muchas denunciando asesinatos, secuestros y violencia sexual en el camino.

En la región vecina de Kordofán la situación está empeorando, a la par que aumenta la violencia, obligando a decenas de miles de personas a desplazarse de sus hogares.

Alrededor de 375.000 personas en todo el país enfrentan niveles catastróficos de hambre, están en la fase más aguda de privación de alimentos, al borde de la inanición. El hambre se ceba con la infancia, UNICEF advierte de que en Darfur del Norte el 45% de los niños y niñas sufre malnutrición aguda. Y un 14,6 % de los menores de 5 años padecen malnutrición aguda grave, la fase más mortal del hambre.

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Tras el cese de los bombardeos sobre la Franja y el inicio de la liberación de las personas israelíes y palestinas retenidas, puede comenzar un proceso de paz, desde luego frágil y repleto de amenazas. Pero la situación hoy es crítica y es fundamental garantizar urgentemente el acceso total, suficiente y sostenido a la ayuda humanitaria. La ayuda debe de llegar a Gaza, sin condiciones ni obstáculos.

Según Naciones Unidas, más de 67.000 personas palestinas en Gaza han sido asesinadas durante la actual ofensiva israelí, hay más de 170.000 heridas y se ha forzado el desplazamiento de casi dos millones. A todo ello, se suma la destrucción de cientos de hectáreas de cultivo, así como edificios e infraestructuras claves, incluyendo escuelas y hospitales. De acuerdo con los datos de la  Organización Mundial de la Salud (OMS),  solo 14 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando parcialmente – ninguno en el norte de Gaza – y solo 62 centros de atención primaria de salud permanecen parcialmente funcionales, en comparación con un total de 176 antes de octubre de 2023.

Las organizaciones humanitarias advierten, entre otros aspectos, que las autoridades israelíes, quienes mantienen el control del 53% de la Franja,  aún no han eliminado muchos de los obstáculos que ralentizan el proceso de entrada de ayuda. Por ejemplo, el cierre de la mayoría de los puestos fronterizos, en especial los del norte, así como el severo protocolo de inspección militar del contenido de los camiones o que deban estar medio vacíos con el objetivo de facilitar la inspección de su carga.

En este momento es fundamental que las organizaciones internacionales como UNRWA, la agencia de la ONU para la población refugiada de Palestina, que desde hace décadas facilita  la asistencia humanitaria a la población palestina en Gaza, se les permita distribuir la ayuda sin ningún tipo de impedimentos. Además, de cara a comprobar que los pasos previstos por el acuerdo inicial siguen su curso, sería necesario la entrada a la Franja de la prensa internacional lo antes posible. Por otra parte, no se deben ignorar las dinámicas que se están produciendo en Cisjordania, incluyendo los ataques y hostigamiento a la población palestina en Cisjordania, tanto por fuerzas militares como por colonos, ya que socavan cualquier intento de construir una paz duradera y justa para el conjunto del pueblo palestino.

El papel de la sociedad civil

Desde La Coordinadora advertimos que es tremendamente preocupante que se esté avanzando en un pacto acordado entre Estados Unidos e Israel sin ninguna representación de la población palestina, desoyendo las demandas históricas y legítimas que posee Palestina desde las resoluciones de Naciones Unidas. Reivindicamos el derecho internacional y dichas resoluciones como el único marco posible para alcanzar un acuerdo de paz justa y definitiva.

El actual pacto puede permitir que los crímenes cometidos caigan en la impunidad. La solidaridad global debe continuar y centrarse en defender una solución negociada al conflicto y en la construcción de una paz duradera, donde la sociedad palestina tenga su derecho a decidir sobre su territorio.

Instamos al Gobierno español y a las diferentes fuerzas políticas a que asuman su responsabilidad y trabajen con seriedad y responsabilidad a favor de estos cinco puntos aprobados en una PNL en el Congreso y que son cruciales para que este primer alto el fuego se convierta en el un primer paso en el largo y justo camino hacia la paz.

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En lo que va de año, 265 personas trabajadoras humanitarias han sido asesinadas; 173 de ellas en Palestina. Nunca antes se habían alcanzado tales cifras

Exigimos la protección de trabajadores y trabajadoras humanitarias y de la población civil; respeto al derecho internacional humanitario; una reforma del sistema humanitario que asegure una financiación suficiente y el respeto pleno a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, para garantizar una asistencia que es esencial para la vida. Debe garantizarse el fin de la impunidad

Las violaciones del derecho internacional humanitario se están produciendo de forma sistemática en todo el planeta, Sudán o Palestina reflejan de manera descarnada esta situación. En Palestina, solo en lo que va de año, han sido asesinadas 173 personas trabajadoras humanitarias; el Gobierno de Israel utiliza el hambre como arma de guerra, ataca a hospitales y asesina a personal sanitario, a la población civil -incluso en puntos de reparto de comida- y bloquea la entrada de la ayuda humanitaria. Organizaciones humanitarias de todo el mundo denunciamos recientemente que “mientras el asedio del Gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, el personal humanitario se ve ahora obligado a hacer cola en los mismos comedores sociales, arriesgándose a recibir disparos solo para alimentar a sus familias, junto a aquellos a quienes se supone que deben ayudar”.

Otros países como Ucrania, Sudán del Sur, Eritrea o el Sahel también viven situaciones muy complejas en las que no se garantiza plenamente la asistencia humanitaria. El contexto mundial es tremendamente complicado y pone en jaque las normas humanitarias establecidas hace décadas.

80 años después de la creación de Naciones Unidas, sus principios fundacionales son socavados por quienes deberían defenderlos. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado los ataques sin precedentes a la Carta de la ONU. “El nivel de impunidad en el mundo es políticamente indefendible y moralmente intolerable”, ha denunciado.

La peligrosa normalización de lo injustificable

Organizaciones de la sociedad civil también han dado la voz de alerta; los niveles de ataques a la asistencia humanitaria no tienen precedentes. La labor humanitaria sufre graves restricciones y es objeto de ataques constantes. Asesinar a trabajadores y trabajadoras humanitarias se ha normalizado y rara vez supone consecuencias legales sobre quienes cometen los crímenes. La promesa de protección se ha roto con total impunidad.

Como ONG dedicadas a garantizar la asistencia humanitaria, renovamos nuestro compromiso con el Derecho Internacional Humanitario, con los principios humanitarios y los derechos humanos. Exigimos, una vez más, el cumplimiento riguroso de las normas establecidas internacionalmente para garantizar la atención, la protección del personal humanitario y de la población civil, el respeto de los derechos humanos y el fin de la impunidad. Millones de vidas están en juego.

Debe garantizarse una atención diferenciada y específica a los grupos vulnerables que merecen una protección especial de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, con especial foco en mujeres y niñas. Deben establecerse los mecanismos necesarios para que estos grupos participen en la toma de decisiones, estrategias y acciones que se tomen en los contextos humanitarios

Además, expresamos nuestra preocupación por el proceso de reforma del sistema humanitario mundial, el conocido como reset humanitario de Naciones Unidas. En línea con VOICE, nuestra organización aliada en el ámbito humanitario, reclamamos que la reforma humanitaria asuma el compromiso de financiar de forma suficiente una acción humanitaria basada en principios; impulse una reforma integral del sistema basada en el liderazgo local; proteja la calidad, la dignidad y la inclusión en la acción humanitaria; invierta en resiliencia: preparación, acción anticipatoria y el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz; y apoye a las ONG, tanto locales como internacionales, como actor clave del sistema.

Obligaciones legales ineludibles Recordamos las obligaciones legales de los Estados y la exigible rendición de cuentas ante las fallas sistémicas que permiten que persista la violencia contra el personal humanitario y la población civil. El respeto riguroso al Derecho Internacional Humanitario es imprescindible para evitar cualquier forma de complicidad con las violaciones de las normas comunes asumidas en el marco de Naciones Unidas. Está en juego un sistema humanitario establecido hace 80 años y la humanidad no puede permitírselo.

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A pesar de que las autoridades israelíes afirman que no hay limitaciones para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, la mayoría de las principales ONG internacionales no han podido entregar ni un solo camión con suministros vitales desde el 2 de marzo. 

En lugar de resolver el creciente retraso en la entrega de mercancías, las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir productos vitales, alegando que estas organizaciones «no están autorizadas para entregar ayuda». Solo en julio, se denegaron más de 60 solicitudes con esta justificación.

Esta obstrucción ha dejado bloqueados en almacenes de Jordania y Egipto alimentos, medicinas, agua y artículos de refugio por valor de millones de dólares, mientras la población palestina muere de hambre.

«Anera tiene bloqueada la entrada en Gaza de suministros vitales por valor de más de 7 millones de dólares, incluidos 744 palés de arroz, suficientes para seis millones de comidas, bloqueados en Ashdod, a sólo unos kilómetros de distancia», declaró Sean Carroll, presidente y director ejecutivo de Anera.

La exclusión de las ONG ha dejado a hospitales sin suministros básicos y ha provocado enfermedades evitables y que mucha gente muera de hambre.

Muchas de las ONG a las que ahora se les dice que no están «autorizadas» a entregar ayuda han trabajado en Gaza durante décadas, gozan de la confianza de las comunidades y tienen experiencia en la entrega de ayuda de forma segura. Su exclusión ha dejado a hospitales sin suministros básicos, y ha provocado que  niños y niñas, personas con discapacidad y ancianas estén muriendo de hambre y enfermedades evitables, y que el propio personal humanitario vaya a trabajar hambriento. 

La obstrucción está relacionada con las nuevas normas de registro de las ONG internacionales introducidas en marzo. En virtud de estas nuevas normas, el registro puede denegarse sobre la base de criterios vagos y politizados, como la supuesta «deslegitimación» del Estado de Israel. Las ONG internacionales advirtieron de que el proceso estaba diseñado para controlar a las organizaciones independientes, silenciar la defensa de causas y censurar la información humanitaria. Esta nueva obstrucción burocrática es incompatible con el derecho internacional vigente, ya que afianza el control y la anexión por parte de Israel del territorio palestino ocupado.

Muchas ONG podrían verse obligadas a interrumpir sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y a retirar a todo el personal internacional en un plazo de 60 días.

A menos que las ONG internacionales se sometan a todos los requisitos de registro, incluida la presentación obligatoria a las autoridades israelíes de datos sobre donantes privados, listas completas de personal palestino y otra información delicada sobre el personal para la denominada investigación de «seguridad», muchas podrían verse obligadas a interrumpir sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y a retirar a todo el personal internacional en un plazo de 60 días. A algunas organizaciones se les ha dado incluso un ultimátum de siete días para que faciliten listas de personal palestino.

El sistema de registro se está utilizando ahora para bloquear aún más la ayuda y negar alimentos y medicinas en medio de la peor situación de hambruna. 

Las ONG han dejado claro que compartir esos datos es ilegal (incluso en virtud de las leyes pertinentes de protección de datos), inseguro e incompatible con los principios humanitarios. En el contexto más mortífero para los trabajadores humanitarios de todo el mundo, en el que el 98% de las personas asesinadas eran palestinas, las ONG no tienen garantías de que la entrega de dicha información no suponga un riesgo adicional para el personal o se utilice para promover los objetivos militares y políticos declarados del gobierno de Israel. 

Hoy en día, los temores de las ONG internacionales se han hecho realidad: el sistema de registro se está utilizando ahora para bloquear aún más la ayuda y negar alimentos y medicinas en medio de la peor situación de hambruna. 

«Desde que se impuso el asedio total el 2 de marzo, CARE no ha podido hacer llegar a Gaza ninguno de nuestros suministros preposicionados por valor de 1,5 millones de dólares», ha declarado Jolien Veldwijk, directora nacional de CARE. «Esto incluye envíos críticos de paquetes de alimentos, suministros médicos, kits de higiene, kits de dignidad y artículos de atención materna e infantil. Nuestro mandato es salvar vidas, pero debido a las restricciones de registro los civiles se están quedando sin los alimentos, medicinas y protección que necesitan urgentemente.»

«Oxfam tiene en camino bienes por valor de más de 4 millones de dólares, gran parte de ellos bloqueados fuera de Gaza desde marzo -especialmente WASH, artículos de higiene y alimentos- bloqueados por Israel», ha declarado Bushra Khalidi, responsable de políticas de Oxfam. «A través de este proceso de registro, Israel está enviando un mensaje claro a las ONG internacionales: permanezcan en silencio y renuncien a su independencia, o váyanse«.

Estas restricciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye el denominado plan «GHF», un mecanismo de distribución militarizado que se promociona como solución humanitaria. En realidad, es una herramienta mortal de control, con al menos 859 palestinos asesinados en los alrededores de los centros «GHF» desde que comenzó a funcionar. 

El proceso de registro de las ONG internacionales pretenden bloquear la ayuda imparcial, excluir a los actores palestinos y sustituir a las organizaciones humanitarias de confianza por mecanismos al servicio de objetivos políticos y militares

«El plan militarizado de distribución de alimentos ha convertido el hambre en un arma y provocado sufrimiento. Según Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de emergencias de MSF en Gaza, «las distribuciones en los emplazamientos de la GHF han dado lugar a niveles extremos de violencia y asesinatos, principalmente de jóvenes palestinos, pero también de mujeres y niños, que han acudido a los emplazamientos con la esperanza de recibir alimentos».

Tanto el plan «GHF» como el proceso de registro de las ONG internacionales pretenden bloquear la ayuda imparcial, excluir a los actores palestinos y sustituir a las organizaciones humanitarias de confianza por mecanismos al servicio de objetivos políticos y militares. Estas medidas llegan mientras el gobierno de Israel intensifica su ofensiva militar y profundiza su ocupación en Gaza, dejando claro que forman parte de una estrategia más amplia para afianzar el control y borrar la presencia palestina.

«A estas alturas, todo el mundo sabe cuál es la respuesta correcta y humana, y no es un muelle flotante, lanzamientos aéreos o el «GHF». La respuesta, para salvar vidas, salvar a la humanidad y salvarse a sí mismos de la complicidad en una hambruna masiva planificada, es abrir todas las fronteras, a todas horas, a los miles de camiones, millones de comidas y suministros médicos, que están listos y esperando muy cerca», dijo Sean Carroll de Anera. 

Pedimos a todos los Estados y donantes: 

• Presionar a Israel para que ponga fin al uso de la ayuda como herramienta militar, incluso mediante obstrucciones burocráticas, como los procedimientos de registro de las ONG internacionales. 
• Insistir en que las ONG internacionales no se vean obligadas a compartir información personal sensible, en violación del Reglamento General de Protección de Datos, ni a comprometer la seguridad o la independencia del personal como condición para entregar la ayuda.
• Exigir la apertura inmediata e incondicional de todos los cruces terrestres y las condiciones para la entrega de la ayuda humanitaria que salva vidas. 

Nota para edición

• Los Territorios Palestinos Ocupados son el escenario más mortífero para los trabajadores humanitarios en todo el mundo, y el personal palestino representa el 98% de las víctimas mortales: 509 de los 517 asesinatos que tuvieron lugar entre 2023-2025, según la base de datos Aid Worker Security Database.
• El 6 de mayo, 55 organizaciones advirtieron de que las nuevas medidas de registro de ONG internacionales de Israel son una grave amenaza para las operaciones humanitarias y el derecho internacional.
• El 1 de julio, más de 200 organizaciones pidieron medidas inmediatas para poner fin al mortífero plan de distribución israelí, incluido el denominado «GHF» en Gaza, volver a los mecanismos de coordinación existentes dirigidos por la ONU y levantar el bloqueo del gobierno israelí a la ayuda y los suministros comerciales. 
• El 23 de julio, más de 100 organizaciones advirtieron de que, mientras la hambruna masiva se extiende por Gaza, nuestros colegas y aquellos a quienes servimos se están consumiendo.
• El 29 de julio, la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria escribió que el peor escenario de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza.
• Israel ha negado sistemáticamente haber restringido la cantidad de ayuda permitida en Gaza, incluso durante todo el periodo de julio de 2025, cuando se emitieron la mayoría de los rechazados comentados en esta declaración. 
• El 31 de julio, el ACNUDH escribió que, desde el 27 de mayo, al menos 1.373 palestinos han sido asesinados mientras buscaban alimentos; 859 en las inmediaciones de los emplazamientos del «GHF» y 514 a lo largo de las rutas de los convoyes de alimentos. La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por las fuerzas israelíes.
• El 4 de agosto, un enfermero palestino de Gaza murió al ser alcanzado por un avión.
• El 5 de agosto se informó de que las autoridades israelíes estaban planeando la ocupación total de la Franja de Gaza. 
• El 6 de agosto, organismos de la ONU y ONG advirtieron de que, si no se tomaban medidas inmediatas, Israel podría cancelar el registro de la mayoría de las ONG internacionales colaboradoras en las próximas semanas.
• El 6 de agosto, la Autoridad Holandesa de Protección de Datos concluyó que las solicitudes de información de Israel en el marco del proceso de registro de ONG internacionales corren el riesgo de violar el Reglamento General de Protección de Datos. Esta institución aconsejó que las ONG internacionales no cumplieran con estas solicitudes, y que la única solución es que Israel modifique sus requisitos y que los ministerios pertinentes emitan una protesta formal.
• El 7 de agosto, MSF publicó un informe en el que afirmaba que las distribuciones de alimentos en Gaza gestionadas por la denominada «GHF» son lugares de «matanza orquestada y deshumanización que deben cerrarse».
• El 10 de agosto, Save the Children informó de la muerte de 100 niños por inanición en Gaza desde octubre de 2023.
• El 12 de agosto, un grupo de relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos publicó una carta dirigida al gobierno israelí en la que manifestaban su profunda preocupación por el hecho de que las medidas de registro de las ONG internacionales «debilitan la capacidad de estas ONG para operar de forma independiente e imparcial y para llevar a cabo su labor humanitaria y de derechos humanos sin injerencias ni temor a represalias» y que «la obligación de informar sobre el personal de las ONG internacionales, en un contexto de ocupación, conflictos armados y violaciones graves del derecho internacional, podría suscitar graves problemas de protección y represalias».

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Según los datos del IPC en Gaza  el hambre, la malnutrición y las enfermedades están provocando un aumento de las muertes entre la población palestina. Hacemos un llamado a la acción para el alto el fuego y para permitir una respuesta humanitaria de gran escala.

Mientras el asedio del Gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, el personal humanitario se ve ahora obligado a hacer cola en los mismos comedores sociales, arriesgándose a recibir disparos solo para alimentar a sus familias, junto a aquellos a quienes se supone que deben ayudar. Estamos viendo cómo nuestros propios compañeros y compañeras se consumen ante nuestros ojos. Más de 100 organizaciones vuelven a dar la voz de alarma e instan a los gobiernos a actuar: abrir todos los pasos fronterizos terrestres, restablecer el flujo completo de alimentos, agua potable, suministros médicos y combustible a través de mecanismos basados en principios y dirigidos por las Naciones Unidas, y poner fin al asedio.

El sistema humanitario está en ruinas. «Cada mañana, la misma pregunta resuena en Gaza: ¿comeré hoy?», dijo un representante de una organización. 

Obstáculos al acceso humanitario

Las masacres en los puntos de distribución de alimentos en Gaza se producen casi a diario, con más de 800 personas asesinadas a tiros y miles de heridos. A fecha de 13 de julio, la ONU confirmó que 875 personas palestinas habían sido asesinadas mientras buscaban alimentos, 201 en las rutas de ayuda y el resto en los puntos de distribución. Miles más han resultado heridas. Mientras tanto, las fuerzas israelíes han desplazado por la fuerza a casi dos millones de palestinos agotados, con la última orden de desplazamiento masivo emitida el 20 de julio, que confina a la población palestina a menos del 12 % de Gaza. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte de que las condiciones actuales hacen insostenibles las operaciones. El hambre de la población civil como método de guerra es un crimen de guerra.

A las afueras de Gaza, en almacenes, e incluso dentro de la propia Gaza, toneladas de alimentos, agua potable, suministros médicos y combustible permanecen intactos, ya que se impide a las organizaciones humanitarias acceder a ellos o distribuirlos. Las restricciones arbitrarias, los retrasos y los desvíos impuestos por Israel en su asedio artificial han provocado caos, hambre y muerte. Un trabajador humanitario que presta apoyo psicosocial habló del devastador impacto en los niños y niñas: «Los niños dicen a sus padres que quieren ir al cielo, porque al menos allí hay comida». 

El personal médico informa de tasas récord de desnutrición aguda, especialmente entre menores. Se están propagando enfermedades como la diarrea acuosa aguda, los residuos se acumulan y las personas adultas se desploman en las calles por el hambre y la deshidratación. Las distribuciones en Gaza alcanzan un promedio de solo 28 camiones al día, lo que dista mucho de ser suficiente para más de dos millones de personas, muchas de las cuales llevan semanas sin recibir asistencia. El sistema humanitario liderado por la ONU no ha fracasado, sino que se le ha impedido funcionar. 

Situación del personal humanitario

Las organizaciones humanitarias tenemos la capacidad y los suministros para responder a gran escala. Pero al negarnos el acceso, se nos impide llegar a quienes lo necesitan, incluidos nuestros propios equipos, agotados y hambrientos. El 10 de julio, la UE e Israel anunciaron medidas para aumentar la ayuda. Pero estas promesas de «progreso» suenan huecas cuando no se observa ningún cambio real sobre el terreno. Cada día que pasa sin un flujo sostenido significa más personas muriendo por enfermedades prevenibles. Los niños y niñas mueren de hambre mientras esperan promesas que nunca se cumplen. 

Impacto en la población civil

La población palestina está atrapada en un ciclo de esperanza y desilusión, esperando ayuda y el alto el fuego, solo para despertarse cada día en condiciones cada vez peores. No se trata solo de un tormento físico, sino también psicológico. La supervivencia se les presenta como un espejismo. El sistema humanitario no puede funcionar con falsas promesas. El personal humanitario no puede operar con plazos cambiantes.

Los gobiernos deben dejar de esperar permiso para actuar. No podemos seguir esperando que los acuerdos actuales funcionen. Es hora de tomar medidas decisivas: exigir un alto el fuego inmediato y permanente; levantar todas las restricciones burocráticas y administrativas; abrir todos los pasos fronterizos terrestres y garantizar el acceso a toda la población de Gaza, y restablecer una respuesta humanitaria basada en principios y liderada por las Naciones Unidas. Los Estados deben adoptar medidas concretas para poner fin al asedio y detener la transferencia de armas. 

Los acuerdos parciales y los gestos simbólicos, como los lanzamientos aéreos falsos acuerdos para distribuir ayuda, sirven como cortina de humo para la inacción. No pueden sustituir las obligaciones legales y morales de los Estados de proteger a la población civil palestina y garantizar un acceso humanitario significativo a gran escala. Los Estados pueden y deben salvar vidas, antes de que no quede ninguna vida que salvar.

El listado de entidades firmantes está disponible aquí. 

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El edificio estaba perfectamente identificado y registrado ante las autoridades militares israelíes

Las primeras informaciones muestran que, al menos, ocho personas han sido asesinadas 

Mostramos nuestra solidaridad con la familia de Médicos del Mundo. Todo nuestro apoyo al pueblo palestino que sufre, desde hace ya más de año y medio lo que muchas voces internacionales califican como “genocidio”

Israel vuelve a violar por enésima vez el derecho internacional humanitario al atacar con un dron la oficina de una organización humanitaria claramente identificada. Condenamos firmemente este ataque que ha supuesto la muerte de ocho personas; según datos de Médicos del Mundo, cuatro niños, un adolescente y tres personas adultas. Nos solidarizamos con sus familias y con toda la población palestina que sufre este asedio sin límites ni precedentes. 

Como venimos denunciando desde hace tiempo, el incumplimiento sistemático del derecho internacional humanitario por parte de Israel no puede quedar impune. Recordamos las palabras de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, quien denunció que “Cada uno de estos incidentes debe investigarse a fondo. Dirigir intencionalmente ataques contra civiles que no participan directamente en las hostilidades podría constituir un crimen de guerra”.

Uno de los últimos informes de Naciones Unidas acusa a Israel de cometer “crímenes de exterminio en Gaza”. “Al matar a civiles que se refugiaban en escuelas y lugares religiosos, las fuerzas de seguridad israelíes cometieron el crimen de lesa humanidad de exterminio”, denuncia. Exigimos la investigación de posibles crímenes de guerra, el fin de los bombardeos y del asedio. Es urgente que entre la ayuda humanitaria para atender las enormes necesidades de la población y que se inicie el camino hacia una paz con justicia.

Responsabilidad internacional

El último informe de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, señala claramente que “Los Estados miembros deben intervenir ahora para evitar nuevas atrocidades que dejen aún más cicatrices en la historia de la humanidad”. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar a Israel para que acabe de una vez por todas con esta barbarie y debe asumirla de manera urgente. Los Estados deben poner fin de forma inmediata a cualquier tipo de comercio de armas con Israel y promover el inicio de las investigaciones pertinentes que garanticen justicia y reparación. 

Ataque al personal humanitario y militarización de la ayuda

El ataque y asesinato deliberado de personal humanitario en Gaza no tiene precedentes. Además, Israel está impidiendo la entrada de la asistencia que tienen preparada las organizaciones humanitarias. Tal como denuncia Naciones Unidas, desde el 27 de mayo, ha impuesto un mecanismo militarizado de distribución de alimentos en contra de todas las reglas humanitarias establecidas. Tal como denuncia la ONU, desde entonces, miles de personas palestinas se han dirigido a pie a los puntos de entrega para recibir paquetes de alimentos. Decenas de ellas han sido asesinadas o han resultado heridas a causa de disparos durante el reparto”.

Una vez más, la FAS reconoce el papel esencial de la sociedad civil palestina en un contexto de extrema adversidad así como de las organizaciones humanitarias y llama una vez más a una paz duradera y definitiva.

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La situación humanitaria en Gaza es de una crueldad atronadora, que exige una respuesta unánime, tanto en el envío de ayuda humanitaria que alivie el sufrimiento de la población palestina como en poner los medios diplomáticos, económicos y políticos necesarios para poner fin a una de las mayores barbaries de la historia reciente de la humanidad:

• Desde el 7 de octubre de 2023, más de 54.000 personas han muerto y 123.308 han resultado heridas en Gaza.
• Desde octubre de 2023 casi 2 millones de personas (el 90% de la población) han sido desplazadas por la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, muchas de ellas repetidamente.
• Desde la ruptura del alto el fuego por Israel el 2 de marzo de 2025, más de 632.000 personas han sido desplazadas una vez más.
• Toda la población de Gaza se enfrenta a un riesgo crítico de hambruna. 470.000 personas se encuentran en niveles catastróficos de hambruna, de ellos, 71.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición aguda.
• La crisis energética se está agravando. El combustible que queda se está priorizando para agua, salud, saneamiento y telecomunicaciones, es decir, para sostener operaciones vitales.
• Alrededor del 92% de las viviendas de la Franja han resultado dañadas o destruidas. Se estima que hay 50 millones de toneladas de escombros, bajo los que yacen 11.000 personas desaparecidas.
• El sistema de salud está al borde del colapso. La OMS ha notificado 697 ataques a la atención sanitaria desde octubre del 23. El norte de Gaza ha sido despojado de casi toda la atención médica.
• Desde octubre de 2023 han sido asesinados 1.580 sanitarios y 452 trabajadoras humanitarias.

Israel interrumpió la entrada de ayuda humanitaria y suministros básicos en la Franja de Gaza entre el 2 de marzo. El 19 de mayo autorizó su acceso, pero la ayuda humanitaria está entrando de manera insuficiente, y con un sistema de reparto ineficiente y con riesgo para la población civil: es inaceptable que la población que hace fila en el reparto de la escasa ayuda humanitaria que llega sea objetivo militar.

En estos momentos es un imperativo urgente:

• Que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a gran escala a través de todas las rutas y que todas las personas en todo el territorio tengan a acceso sin trabas a alimentos, medicamentos, agua, energía y protección.
• Una acción inmediata para evitar que incremente la hambruna que sufre la población de Gaza.
• El cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario: proteger a la población civil, garantizar el trabajo de las organizaciones y personal humanitario y salvaguardar los servicios sanitarios y la seguridad del personal sanitario.
• Un alto al fuego inmediato y duradero.

La Federación Aragonesa de Solidaridad hace un llamamiento a todas las administraciones aragonesas para que respondan a la emergencia humanitaria de la población gazatí, y para que aúnen sus medios a los esfuerzos internacionales para conseguir el alto al fuego, el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Así mismo insta a éstas a que no permanezcan en silencio ante el genocidio y las múltiples agresiones que está sufriendo la población civil palestina.

No olvidamos a la población palestina en Cisjordania que está sufriendo continuos ataques y hostigamientos por parte de colonos y de la política de detenciones del ejército israelí.

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Hasta la fecha y según datos oficiales, Israel ha asesinado a más de 52.000 personas palestinas en Gaza, más de 1.800 desde que rompió el alto el fuego. 

La situación se agrava en Cisjordania y Jerusalén este

La Coordinadora exige al Gobierno español que ponga fin, de forma inmediata y real, al comercio de armas con Israel

77 años después de la Nakba -la expulsión de cientos de miles de personas de los territorios palestinos tras la formación del Estado de Israel-, Gaza sufre una de las mayores barbaries de la historia reciente de la humanidad. Según datos de Naciones Unidas, alrededor del 92% de las viviendas de la Franja han resultado dañadas o destruidas. Se estima que hay 50 millones de toneladas de escombros, bajo los que se encuentran 11.000 personas desaparecidas. “Los retrasos en su retirada y la recuperación de los cadáveres están causando un inmenso sufrimiento psicológico, y un inminente desastre sanitario y medioambiental”, denuncia la ONU. 

En los últimos días, Israel ha aprobado un plan para ocupar definitivamente los territorios que vaya tomando en Gaza. Ha anunciado también que permitirá la entrada de alimentos, medicación, agua y combustibles a la franja, aunque no será inmediato y, lo que es más preocupante, se realizará en el marco de una total militarización de la ayuda humanitaria. Las agencias de la ONU ya han anunciado que no formarán parte de esta iniciativa por “contravenir los principios humanitarios fundamentales”. 

«Dirigir intencionalmente ataques contra civiles que no participan directamente en las hostilidades podría constituir un crimen de guerra», Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos. 

Dos meses de absoluto bloqueo

A mediados de marzo, Israel violó el alto el fuego acordado y desde entonces las hostilidades se han multiplicado. No se permite la entrada de asistencia humanitaria, el bloqueo es total y la situación es dantesca. El 91% de la población sufre inseguridad alimentaria extrema. 345.000 personas se encuentran en niveles catastróficos de hambruna; al menos 65.000 niños y niñas están hospitalizados con malnutrición severa. Diversas instancias internacionales han denunciado la utilización del hambre como arma de guerra. 

Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, ha denunciado que “Cada uno de estos incidentes debe investigarse a fondo. Dirigir intencionalmente ataques contra civiles que no participan directamente en las hostilidades podría constituir un crimen de guerra”.

El deber de los Estados en la defensa de la paz

El último informe de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, llamado “El genocidio como supresión colonial”, Francesca Albanese denuncia que “La violencia que Israel ha desatado contra la población palestina tras el 7 de octubre no se produce en un vacío, sino que forma parte de un proceso a largo plazo, intencionado, sistemático y organizado por el Estado cuyo fin es provocar el desplazamiento forzado y la sustitución del pueblo palestino”. 

“Los Estados miembros deben intervenir ahora para evitar nuevas atrocidades que dejen aún más cicatrices en la historia de la humanidad”, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina.

El informe de Albanese señala claramente que “los Estados miembros deben intervenir ahora para evitar nuevas atrocidades que dejen aún más cicatrices en la historia de la humanidad”. 

España ha dado pasos importantes al reconocer al Estado palestino, al sumarse a la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio y al defender públicamente la necesidad de finalizar la barbarie. Sin embargo, aún tiene deberes muy importantes que están pendientes y que tienen que ver con lo recogido en la PNL aprobada por el Congreso hace ya más de un año.

Tanto en la PNL como en diversas declaraciones, el Gobierno ha asegurado haber finalizado el comercio de armas con Israel. Incluso Sanchez pidió a la UE que suspendiera el acuerdo de asociación con Israel y también pidió que la comunidad internacional parara el comercio de armas con Israel. Además, acaba de anunciar que solicitará un proyecto de resolución en la ONU para “proponer medidas urgentes para detener la matanza de civiles inocentes y asegurar la llegada de ayuda humanitaria”. A pesar de estas iniciativas, informaciones recientes siguen cuestionando que el Gobierno haya paralizado totalmente el comercio de armas con Israel. 

Cuestiones contempladas en la PNL que deben llevarse a la práctica de manera inmediata: 

• Exigir a las partes un alto el fuego permanente.
• Exigir a las partes del conflicto que permitan un acceso humanitario suficiente y sostenido, especialmente en Gaza.
• Exigir a las partes el respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.
• Poner fin al comercio de armas entre el Estado español e Israel.
• Trabajar para una solución negociada al conflicto.

Evidencias de incumplimiento del derecho internacional

La violación de la legislación internacional por parte de Israel ha sido denunciada por la Corte Internacional de Justicia en varias ocasiones. En enero de 2024, reconoció la existencia de un “riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos de la población palestina de Gaza con arreglo a la Convención contra el genocidio”. 

Posteriormente, en julio del año pasado, la Corte declaró que “la presencia prolongada de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 era ilegal y tenía por objeto la anexión. La Corte reconoció la violación de normas que prohíben la adquisión de territorio por la fuerza, la segregación racial y el apartheid”. Tanto Israel como la comunidad internacional continúan haciendo oídos sordos a tales advertencias.

295 personas palestinas trabajadoras de Naciones Unidas han sido asesinadas desde octubre de 2023.

Además del incumplimiento sistemático e impune del Derecho Internacional Humanitario, a finales de 2024, Israel emitió dos leyes que impiden a la Agencia de la ONU para la población palestina (UNRWA) su actuación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En las últimas semanas, la Corte Internacional de Justicia ha celebrado audiencias sobre las continuas y severas restricciones impuestas por Israel a la labor de la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados. 295 personas palestinas trabajadoras de Naciones Unidas han sido asesinadas desde octubre de 2023.

La Coordinadora reconoce el papel esencial de la sociedad civil palestina en un contexto de extrema adversidad así como de las organizaciones humanitarias.

Mientras se mantiene el bloqueo total en la Franja, el máximo tribunal de la ONU escucha a decenas de países y organizaciones con el fin de elaborar una opinión consultiva sobre las obligaciones humanitarias de Israel hacia las y los palestinos, más de 50 días después de que impusiera un bloqueo total a la entrada de ayuda en Gaza. Aunque la opinión consultiva de los jueces no es vinculante, aportará claridad sobre cuestiones jurídicas y ayudará a la ONU a tomar nuevas medidas. 

La Coordinadora reconoce el papel esencial de la sociedad civil palestina en un contexto de extrema adversidad así como de las organizaciones humanitarias y hace el enésimo llamado a una paz duradera. 

La Federación Aragonesa de Solidaridad somos entidad miembro de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

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©Sai Aung MAIN / AFP

Varias ONGD están trabajando ya en la zona para apoyar en la emergencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Myanmar y que se ha llevado al menos 1700 víctimas y miles de heridos.

Puedes donar en las siguientes ONGD:

Actualizaremos lista de ONGD a lo largo de los próximos días.

RECOMENDACIONES PARA AYUDAR EN UNA EMERGENCIA HUMANITARIA

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