Construyendo ideas, tejiendo solidaridad

La FAS analiza la caída de la partida destinada a cooperación internacional en el proyecto de presupuestos del Gobierno de Aragón para 2017

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Falta solidaridad

Cabe preguntarse cuál es la posición política del Gobierno de Aragón en relación a la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional. La disposición adicional décimotercera – Ayuda a los países más desfavorecidos del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el Ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 16 de marzo, prevé el destino de «2.106.027,00 euros a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo». Por su parte, la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016 (BOA de 3 de febrero) establece en la misma disposición adicional la cantidad de 2.524.500 euros al mismo fin.

Entre el presupuesto aprobado por las Cortes para el ejercicio pasado y la propuesta del Ejecutivo para este 2017 hay una caída de 418.473 euros, lo que supone una reducción del 16,6%. Estos datos son fáciles de obtener por cualquier persona gracias a los avances en transparencia de las administraciones públicas, pues la fuente es el propio Gobierno de Aragón, a través de su página web institucional. Lo que resulta más difícil es interpretarlos. Y es que las organizaciones y personas que trabajamos por la construcción de un mundo más justo y equitativo a través de la solidaridad internacional estamos perplejas y desoladas. Y agotadas.

El progresivo desmantelamiento de la cooperación al desarrollo viene de lejos, pues esta política fue una de las principales damnificadas de los ajustes y recortes presupuestarios del gobierno nacional en el 2012, con reducciones del orden del 70%. El ejemplo cundió y el Gobierno de Aragón aplicó un recorte drástico ese mismo año, de forma que la ejecución se redujo en un 76% respecto al máximo alcanzado dos años atrás. Aquel gobierno del PP-PAR mantuvo esa dinámica durante toda la legislatura.

Lamentablemente, el actual gobierno del PSOE-CHA no solo sigue la misma tendencia, sino que la propuesta del anteproyecto va más allá, pues supondría una reducción acumulada superior al 80% desde el 2010, y el descenso del esfuerzo sobre el presupuesto total por debajo del 0,04%.

Los 2.106.027 euros previstos serían la cifra neta más baja… ¡desde 1999! Pero hay otros datos que revelan aún más incomprensible esta situación, como es que el presupuesto total del Gobierno de Aragón aumenta y volvería a ser similar al de hace 7 años, o que el del departamento de Ciudanía y Derechos Sociales (del que depende la cooperación) ha crecido más del 8% respecto al 2016, y los servicios sociales en su conjunto acumulan un aumento del 23,8% en los dos últimos años.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó este anteproyecto de Ley de Presupuestos, el consejero de Hacienda declaró que a este presupuesto «se le sale lo social por todos los lados». Confiamos en que esta no sea verdaderamente la posición del Gobierno de Aragón, y se reconozca al menos que sus políticas sociales hacen aguas por el lado de la cooperación ya que, lejos de apostar por ella, se propone reducirla, a pesar del contexto expansivo en el presupuesto global, y en el de dichas políticas en particular.

Creemos honestamente que la generalidad de las personas y entidades que nos dedicamos a lo social compartimos que no cabe una solidaridad exclusiva con nuestras personas pobres y en situación de vulnerabilidad. Y que, en un mundo global, la ética y el afán por la justicia y la equidad nos obliga a volver la mirada más allá de nuestras fronteras y contribuir alineados con las demandas y esfuerzos de la comunidad internacional a aliviar el sufrimiento de todas las personas, a garantizarles unas mínimas condiciones de vida digna y el reconocimiento efectivo de sus derechos fundamentales.

Frente a rancias propuestas de solidaridad excluyente por razones de nacionalidad o creencias; frente a ideologías y políticas de mirada corta que estigmatizan a las personas que huyen de la miseria y solo saben responder con muros y controles que la contengan fuera de nuestras fronteras, proponemos solidaridad y cooperación. No hay política más noble que aquella que, sin desatender las demandas y necesidades de su propia ciudadanía, enfrenta los derechos humanos desde la dimensión universal que les es consustancial, y se compromete con el desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas y para todos los pueblos.

Necesitamos solidaridad y cooperación. Por justicia y para no acabar viendo crecer nuestros muros hasta que un día nos despertemos viviendo en un lugar sombrío, bajo una cúpula de indiferencia e indignidad. Y necesitamos políticos y políticas que abracen y defiendan estos valores. Que sean líderes de una sociedad que empatiza con el sufrimiento de cualquier persona, comprometida hasta la médula con la equidad, con amplitud de miras, valiente y responsable, de la realidad de un mundo global. Una sociedad de personas entusiastas y entusiasmadas de pasar por la vida haciendo de este mundo un lugar mejor para todas las personas.

La muy lejana meta del 0,7%

La meta de destinar el 0,7% del producto interior bruto a cooperación internacional es un estándar internacional que expresa el volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que debe proporcionar un país desarrollado, midiéndolo como porcentaje (0,7%) de su riqueza total (RNB: renta nacional bruta).

La fijación de este objetivo fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en octubre de 1970, como compromiso para todos los países económicamente avanzados.

Únicamente Suecia y Holanda llegaron a tiempo a la meta del 0,7%, siendo los primeros países en cumplir el objetivo, en 1975. En los años posteriores se unieron Noruega (1976), Dinamarca (1978), Finlandia (1991), Luxemburgo (2000) y, por último, Reino Unido (2013). En el 2005, los entonces 15 estados miembros de la UE asumieron el compromiso de alcanzar todos ellos, en el 2012, la meta del 0,7%; en el 2008 revisaron este objetivo, y decidieron retrasarlo hasta el 2015, fijando para el 2012 el objetivo intermedio de 0,56%. Todos estos objetivos se han incumplido.

En el año 2009, la AOD española alcanzó su techo (0,46% de la RNB), tras lo cual, con la crisis como pretexto, los gobernantes decidieron dar la espalda a la meta del 0,7%. En la actualidad, la AOD española apenas representa un 0,12% de su RNB, su nivel más bajo desde 1989.

El Gobierno de Aragón alcanzó en el 2010 su máximo, un 0,19%, y a partir del 2011 ha ido reduciendo su aportación de AOD hasta llegar a un 0,038% en el 2015, último dato del que disponemos. En los presupuestos del 2016, la DGA propuso un 0,049% (2.524.500 euros). Y para el 2017 quiere volver a aportar un 0,038% (2.106.027 €), 418.473 euros menos.

Estos recortes prácticamente desmantelan la política pública de cooperación, y no tienen comparación con ningún otro sufrido por ninguna política pública o partida presupuestaria.

Los grupos critican los recortes

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, compareció el pasado jueves, 23 de marzo, ante la Comisión de Hacienda de las Cortes. En su intervención inicial se felicitó de que el presupuesto para su departamento aumentaría 30 millones respecto al 2016, y los servicios sociales acumularían una subida del 23,8% desde EL 2015. Tras ello, la mayoría de los grupos le afeó el descenso previsto en el presupuesto para cooperación al desarrollo, y la omisión de referencias al mismo.

Por el Grupo Mixto, la diputada de IU, Patricia Luquín, terminó su intervención dando «un estupendo tirón de orejas a la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado», y añadió que «cuando un Gobierno se denomina progresista o de izquierdas, la cooperación es una política crucial», y que veían con preocupación que el presupuesto en cooperación se redujese drásticamente. Para finalizar, añadió «espero que en el 2018 no vuelva a tener que reivindicar lo evidente, porque lo evidente esté recogido ya en su presupuesto».

Desirée Pescador, de Ciudadanos, le recordó que «se ha dejado de hablar de cooperación al desarrollo, supongo que en el turno de réplica nos podrá profundizar más».

Amparo Bella, de Podemos, dijo por su parte que «el recorte de medio millón de euros en cooperación nos parece una vergüenza suma. No es de recibo que no lleguemos al 0,7% y que en las partidas de cooperación se siga tomando el pelo a lo que son las medidas de la ONU para que se garantice la equidad, la igualdad y la cooperación tanto en el interior de los países como en el exterior».

Por último, Ana Marín, del PP, tuvo también una intervención crítica (que para ser justos ya echamos de menos en la legislatura anterior) en la que le recriminó no haber mencionado la cooperación al desarrollo en su intervención y le recordó las cifras de los últimos años: en el 2015, 2.543.000 euros; en el 2016, 2.397.000 euros; y en el año 2017, 2.106.000 euros.

En su turno de réplica, la consejera no respondió a ninguna de las críticas anteriores, así que nos quedamos sin conocer su posición y la de su Gobierno al respecto. Pero confiamos en que los partidos que lo sustentan, y todos los demás, den en las Cortes una respuesta a la altura en la fase de enmiendas, y el propio Gobierno en el proyecto de presupuestos del próximo año.

Fuente: El Periódico de Aragón (Espacio3)

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